Lo que sucede actualmente en Perú es una crisis política e institucional producida por un conflicto jurídico. El poder del Estado peruano y su democracia se han visto fortalecidos con la prevalencia del comportamiento civil, el orden social y la actuación no represiva por parte del Gobierno, pero la confrontación política entre el oficialismo y la oposición tiene un campo de batalla; el Congreso Nacional, desde donde implosionó una verdadera crisis institucional en la nación andina.
Y es que la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció este martes y llamó a que se aplique una solución legal y constitucional para evitar que el país caiga en una crisis política de mayor escala con tensión social en las calles.
“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”, afirmó la OEA en un comunicado emitido hoy.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, disolvió este lunes el Congreso dominado por la oposición, que reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de Estado. El popular mandatario peruano, respaldado por la cúpula militar y por los gobernadores regionales, invocó normas constitucionales después de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
La crisis política se originó porque Vizcarra pretendía designar a los magistrados del Tribunal Constitucional bajo el Poder Ejecutivo con previa solicitud al Congreso. El Parlamento se negó y ante eso Vizcarrá reaccionó disolviendo el Congreso con apoyo de sus diputados. Vizcarra buscaba con esa cuestión de confianza una solución al conflicto con el Congreso para nombrar jueces, pero una mayoría fujimorista (socialista) decidió imponerle una moción de censura, lo acusó de violar la Constitución y lo suspendió de su cargo nombrando como presidenta en funciones a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Vizcarra se defiende asegurando que disolvió el Congreso y llamó a nuevas elecciones legislativas por sus enfrentamientos con este órgano para aprobar reformas en leyes y nuevas normas en beneficio de Perú.
El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.
Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución se sucedieron la noche del lunes en Lima y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras. Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de la tensión, el país ha permanecido en calma.
De esta forma se pone en evidencia un nuevo resurgimiento de los bloques políticos e ideológicos que han causado tantos conflictos y crisis sociales-económicas en América Latina: el enfrentamiento entre izquierda (socialistas) y derecha (liberales capitalistas). En el caso de Perú, el enfrentamiento es entre los socialistas del fujimorismo y los liberales de derecha, que apoyan al cuestionado presidente Martín Vizcarra.
Hasta ahora, el conflicto no es tan fuerte como para generar una implosión o tensión social. El país se mantiene en calma. Pero en caso de que Vizcarra no logre tener gobernabilidad en un nuevo Congreso o se desaten protestas por las nuevas elecciones y surja descontento en la población por la falta de atención del Gobierno a sus problemáticas, no se descarta que Perú entre en un ciclo de crisis política mucho más prolongado.
NAM/Ricardo Serrano
