Para revivir al sector agroalimentario es imprescindible ir más allá de la subsistencia y dar origen a una «agricultura empresarial», con visión de negocios, disponibilidad de insumos y maximización de la eficiencia y la producción, pero además respetando religiosamente a la propiedad.
Esta es la propuesta que hacen los ingenieros agrónomos Gustavo Arteaga, Norberto Rincón y Werner Gutiérrez en la investigación «Agronegocios en Venezuela: reinventar sus bases y fortalecer la propiedad», presentada por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) a través de su Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP).
El documento hace un recuento de 20 años de estatismo y políticas agrarias erradas, así como de las consecuencias que ha tenido el irrespeto de los derechos de propiedad en el ámbito agrícola para la producción agroalimentaria en el país: «Desde el año agrícola 2008-2009 comienzan a notarse de manera significativa los efectos detrimentales de este modelo en la disponibilidad y consumo de alimentos, la caída en la producción es prácticamente generalizada en todos los rubros agrícolas, retrotrayéndonos a niveles de producción de los años 60 y 70», destacan los especialistas.
Frente a este fracaso, proponen un «nuevo modelo económico agrícola» con el Estado alejado de esta actividad económica y que se centre en el que debe ser su rol principal: crear condiciones que favorezcan la producción. Esto permitiría no solamente satisfacer la demanda interna de alimentos, sino repetir la experiencia de países vecinos, que comercializan los excedentes «en el mercado externo, convirtiendo al sector agroalimentario venezolano en fuente importante de generación de divisas».
Además, el nuevo modelo agroindustrial debe ser competitivo y abierto, permitiendo que prime la visión de los «agronegocios, considerando las exigencias del mercado, y fuertemente relacionada a las revoluciones en el área de la biotecnología y de la ingeniería genética».
Sin embargo, los especialistas insisten en que este cambio, en el que los productores deben ser acompañados para una adaptación exitosa, solo puede darse en el marco del respeto al Estado de Derecho y un marco jurídico «que dé sustento a la propiedad privada de la tierra y de los bienes de producción, en un escenario de libertades enmarcado en un modelo económico de libre mercado».
NAM/Banca y Negocios
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