Un mes después del primer contagio, Portugal ha logrado mantenerse con niveles moderados de la COVID-19, con 266 fallecidos y 10.500 contagiados, cifras para las que ha sido clave el aislamiento de la población y que el país no quiere echar a perder, por lo que se está blindando ante la Pascua.
Con un estado de emergencia declarado a mediados de marzo y recién renovado, al menos hasta el 17 de abril, el Gobierno portugués ha endurecido las medidas, sobre todo para evitar una explosión de contagios durante la Semana Santa, época en la que son habituales los desplazamientos y las reuniones familiares.
Quiere impedirse que los portugueses se relajen durante el período festivo y mantengan el «recogimiento general» decretado por el Ejecutivo, que sólo prevé el confinamiento obligatorio con sanciones para los enfermos de coronavirus y los casos sospechosos.
El civismo mostrado por la población a la hora de cumplir las recomendaciones ha sido elogiado tanto por el Ejecutivo como por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y fue destacado hoy por la ministra de Sanidad, Marta Temido, al hacer balance sobre la pandemia.
«Hemos constatado una gran responsabilidad por parte de los portugueses», dijo Temido, quien recordó que esa responsabilidad «tiene que ser renovada todos los días porque no hay todavía luz al fondo del túnel».
Por eso, Portugal ha endurecido las medidas de cara a la Semana Santa y, entre el jueves 9 de abril y el lunes 13, quedarán prohibidos todos los desplazamientos fuera del municipio de residencia habitual que no tengan una justificación laboral.
Quien incumpla esta norma incurrirá en un delito de desobediencia, infracción por la que ya han sido detenidas 108 personas desde que se implementó el estado de emergencia.
Una decena de ellas por intentar salir o entrar en Ovar, una localidad de 55.000 habitantes especialmente golpeada por la COVID-19 a la que se aplicó un cerco sanitario el 15 de marzo.
También están bajo cerco sanitario desde hace dos días todos los municipios de la isla de São Miguel, por decisión del Gobierno regional de Azores.
NAM/Agencias
