Un acuerdo de 5.900 millones de dólares para el control de Citgo Petroleum Corp, por parte de un grupo afiliado al fondo de cobertura Elliott Investment Management se ha estancado en medio de las preocupaciones de la administración de Donald Trump sobre el precio y el riesgo político.
La refinería con sede en Houston es el activo extranjero más valioso de Venezuela y está en el centro de una batalla que lleva años con los innumerables acreedores del país. Tanto el gobierno de Venezuela como sectores de la oposición política también se oponen a la venta.
Altos funcionarios estadounidenses consideran que la oferta de Amber Energy, un consorcio que prevaleció en una subasta de acciones de Citgo ordenada por un tribunal de Delaware en noviembre, infravalora enormemente el activo, especialmente ahora que la guerra en Medio Oriente ha elevado drásticamente los precios del petróleo, según personas familiarizadas con la opinión del gobierno de Trump.
Si se consuma ahora en los términos actuales, la venta de Citgo corre el riesgo de alterar una frágil tregua política en Venezuela, que la administración Trump considera un éxito clave en política exterior después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en enero, dijeron las fuentes.
Debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, la transacción requiere la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La reacción dentro de la administración está liderada por el Departamento de Estado, que está brindando orientación al Tesoro, agregaron las personas. Un funcionario de la administración dijo que el gobierno de Estados Unidos está siguiendo el proceso legal y la apelación.
Aun así, añadió el funcionario, Elliott hizo una oferta por un activo sancionado, preparando el proceso de revisión de la licencia de la OFAC que ahora está en marcha. Esto se está avanzando lo más rápido posible, con la participación tanto del Departamento del Tesoro como del Departamento de Estado, dijo el funcionario.
En una moción de diciembre ante un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia, donde los representantes de la oposición venezolana están luchando contra la orden de venta del juez Leonard Stark, Amber Energy advirtió que un retraso en la autorización estadounidense perjudicaría tanto al comprador como a Citgo. Además, Amber podría verse obligada a asumir las responsabilidades ambientales y otros costos de Citgo, dijo en el documento el director ejecutivo Gregory J. Goff.
Elliott fue fundada por el multimillonario Paul Singer, un importante donante del Partido Republicano.
Los acreedores detrás de Citgo
Entre los principales acreedores que verían pagada parte de sus deudas con la venta de Citgo se encuentran Crystallex International Corp., una extinta minera canadiense ahora controlada por Tenor Capital Management, y ConocoPhillips, con sede en Houston. En ambos casos, las deudas surgen de la expropiación por parte del gobierno venezolano de sus activos locales, incluidas las operaciones de oro y petróleo.
A un subconjunto de tenedores de bonos de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA, la empresa matriz de Citgo, también se les reembolsaría parte de su deuda.
En el marco de las sanciones, el gobierno de Estados Unidos ha protegido a Citgo de los tenedores de bonos abandonados durante años con el argumento de que el activo podría ayudar a un futuro gobierno en Caracas, una consideración principal tanto para la presidenta en funciones Delcy Rodríguez como para la oposición, según las personas. Estados Unidos ha alentado anteriormente a las partes a entablar conversaciones para reestructurar la deuda.
Las perspectivas de una reestructuración integral de la deuda venezolana (según todos los indicios es un proceso muy complejo) están mejorando a medida que la administración Trump alivia rápidamente las sanciones y apoya a Rodríguez.
Una demora significativa de Estados Unidos en aprobar la venta le daría más tiempo a la incipiente administración de Delcy Rodríguez para negociar un acuerdo más amplio con los acreedores, facilitando el regreso de Venezuela a los mercados internacionales de capital después de años de aislamiento económico, dijeron las personas.
Después de más de cinco años de litigio, la demora plantea dudas sobre cómo trataría de proceder la administración Trump si Elliott fuera efectivamente expulsado de un proceso judicial federal. Las opciones podrían ser fomentar un nuevo proceso de subasta, con la aparición de nuevos postores, o una negociación que conduzca a un precio de venta más alto, dijeron las fuentes.
NAM/ Bloomberg
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