Estados Unidos, la primera potencia mundial, gobernada por el presidente Donald Trump por segunda vez en su historia, es un país de encuestas y sondeos, de los cuales hay que tener la previsión de visualizar quiénes son los que sondean, por cuanto, algunos sondeos tienen una clara inclinación hacia un resultado muy parcial. Demócrata, publicó un sondeo en el que casi el 60% considera un fracaso este primer año de gestión de Donald Trump. Hay quienes no están de acuerdo, pero, entremos en materia.
El sondeo muestra un deterioro sostenido de la imagen presidencial. El 58% de los encuestados califica el primer año de Trump como un fracaso, una cifra que apenas deja margen para lecturas optimistas en la Casa Blanca, según recoge el portal Demócrata.
Solo el 36%, publica el citado portal, considera que Trump ha tenido las prioridades correctas, una caída significativa respecto al inicio de su mandato. Aún más revelador: solo un tercio de los estadounidenses cree que el presidente se preocupa por personas como ellos, el peor dato de toda su trayectoria política.
La encuesta refleja un patrón claro: el desgaste no es puntual, sino estructural, y afecta tanto a la valoración personal de Trump como a su capacidad de conectar con la vida cotidiana de los votantes. Cuando se pregunta por el principal problema del país, la respuesta es abrumadora: la economía, con casi el doble de menciones que cualquier otro asunto. Sin embargo, la encuesta señala que Trump no está logrando convencer de que esté abordando esta preocupación.
Incluso dentro del Partido Republicano aparecen grietas: casi la mitad de sus votantes considera que Trump debería hacer más contra el encarecimiento de la vida, un dato especialmente significativo en un año electoral.
Trump mantiene un respaldo casi total entre los republicanos, especialmente entre los votantes identificados con el movimiento MAGA. Cerca de 9 de cada 10 republicanos aprueban su gestión, y la inmigración sigue siendo el principal motivo de apoyo.
Una gestión que sacude el sistema internacional
Desde el día uno de su segundo mandato como presidente de la potencia más importante del mundo, Donald Trump demostró su disposición para romper la inercia del sistema internacional. La lógica de la globalización se mostró obsoleta para un mandatario dispuesto a barajar y dar de nuevo el orden basado en reglas establecidas con el Consenso de Washington.
El multilateralismo, la deslocalización de la producción manufacturera, los estatutos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el derecho internacional se convirtieron en conceptos vacíos para la narrativa del magnate, mientras el imperio de los aranceles recíprocos funcionó como un golpe en la mesa para establecer las bases del nuevo diálogo internacional.
Los conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente también marcaron el punto de partida de la segunda experiencia trumpista al mando de la Casa Blanca. Tal como había anunciado, su perfil marcó diferencias con su antecesor.
Ucrania, una cuestión de costos
El 28 de febrero de 2025, Volodímir Zelenski arribó a la Casa Blanca para concretar su primera reunión con el líder de la potencia del norte. No era un terreno desconocido para el ucraniano, Joe Biden lo había recibido en múltiples oportunidades para sellar su apoyo armamentístico con el objetivo de enfrentar la invasión ordenada por el Kremlin.
Cerca del mediodía, el mandatario del país en guerra estrechó sus manos con el anfitrión y dio lugar a las fotografías de rigor. Todo parecía funcionar de acuerdo a los protocolos diplomáticos habituales, hasta que el presidente de EE. UU. interrumpió a su invitado cuando conversaban ante los ojos de la prensa internacional en el Despacho Oval: “No estás siendo agradecido. No es algo agradable”, le dijo el magnate ante los ojos del mundo.
Las cumbres posteriores entre ambos mandatarios dejaron ver una recomposición del vínculo, pero el altercado inicial dejó una huella ante los analistas internacionales. “Hemos visto un giro interesante de intentar terminar con el conflicto. Rusia está buscando una cesión territorial y que Ucrania no sea parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Así, sería el gran perdedor”, sostuvo la analista mexicana Daniela González Iza, directora del Programa de Licenciatura en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
Desde la perspectiva de Merino, la situación en el frente es uno de los factores fundamentales en la concepción de Trump: “Entiende que ese conflicto ya está perdido, que es difícil revertir el resultado actual y que, incluso, intentar revertirlo genera demasiados costos, más costos que beneficios. Estados Unidos le quiere transferir los costos del conflicto en Ucrania a Europa, siendo uno de los que los propició. Fue el propio Gobierno de Trump el primero que envió armas pesadas a Ucrania para el conflicto que tenía en el Donbass”.
En contraste: alfombra roja, sonrisas, entusiasmo. Los gestos de la Administración republicana para recibir al presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska se constituyeron en la antítesis de la primera visita del líder ucraniano y, aunque luego lo criticó en varias ocasiones, el republicano nunca ocultó su sintonía con el titular del Kremlin. “Si bien él (Donald Trump) quiere mantener este liderazgo, sobre todo más simbólico, por todo lo que implicaría resolver un nuevo conflicto, no quiere aportar dinero ni armas porque, además, lo pone en una situación de enemistad con el Gobierno ruso, a quien, en el sentido personal, le tiene buena estima a Vladimir Putin”.
Precaria paz en la Franja de Gaza y tensión con Irán
El comienzo de la segunda era de Donald Trump al frente de la Casa Blanca también estuvo marcado por la tensión en Medio Oriente y la condena internacional a la situación humanitaria en la Franja de Gaza, provocada por las acciones de Israel. El intercambio de los rehenes, que aún permanecían retenidos en el enclave, por prisioneros palestinos y la ratificación del denominado “plan de paz” redactado en Washington no garantizaron plena calma en la región, pero marcaron un punto de inflexión y le dieron un precario respiro a la asediada población civil.
En el análisis de los especialistas, la tensión con Irán persiste: “Los problemas que le interesan a Israel van a seguir siendo los problemas que le interesan a Donald Trump. A Israel no le interesa el conflicto en Ucrania, le interesa lo que sucede en Irán. Lo estamos viendo en estos días”, analizó Daira Arena.
En este punto, la ruptura del Acuerdo Nuclear con Irán en 2018 plantea una cuestión central: “Aunque (Donald Trump) no quiere una guerra total con Irán, su política contrasta muy fuertemente con la de (Joe) Biden y con el ‘globalismo’, que buscaba un acuerdo para que saliera de ese bloque emergente con Rusia y China”, subrayó Merino, y destacó que en la región “las tendencias son contrarias a Estados Unidos, por más que ahora puedan obtener resultados importantes”. Desde su mirada, la incorporación de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita a los BRICS (el grupo de países emergentes que incluye a China o Rusia para desafiar el dominio occidental) y las negociaciones para que Turquía sea socio de este grupo son indicadores del peso creciente de China en la región.
El control de los recursos naturales y energéticos, el predominio sobre las vías navegables y la delimitación de zonas de influencia también se configuran como asuntos fundamentales para la estrategia de Estados Unidos en Medio Oriente. Daniela González Iza lo ejemplifica con la importancia del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado global.
Venezuela: una doctrina en marcha
El 3 de enero de 2026 parecía encontrar a Caracas con la calma típica del posfestivo y de una gran ciudad afectada por el éxodo vacacional de muchos de sus habitantes. Las primeras detonaciones que se comenzaron a escuchar a 1:50 hora local se confundieron con los resabios de la pólvora usada para recibir el nuevo año, pero bastaron pocos minutos para que la población caraqueña se diera cuenta de un hecho que será recordado. Por primera vez en la historia, Estados Unidos bombardeó una capital suramericana y, al capturar a su presidente, confirmó muchas de las sospechas que se habían diseminado con el despliegue de sus tropas y los ataques a embarcaciones en el Caribe.
Si bien la consolidación y la legitimidad otorgada a Delcy Rodríguez por parte de Donald Trump provocó sorpresa en la oposición venezolana, también quedó demostrado que los postulados de la Administración republicana en la Estrategia de Seguridad Nacional no eran solo letra escrita. “El mensaje es ‘la región es mía’. Lo dicen explícitamente: ‘nuestro hemisferio occidental, nuestra región’. El mensaje es también lo que está explícito en el documento de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional: se puso en marcha el corolario Trump de la doctrina Monroe. O sea, América para los norteamericanos o para los estadounidenses, como sea y a la fuerza”, analizó Merino.
A los bombardeos en Caracas le siguieron las advertencias del republicano sobre la posibilidad de extender las operaciones bélicas en Colombia y México. Acciones y declaraciones que condicionan las negociaciones con presidentes progresistas como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, mientras intenta apuntalar a Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele como sus aliados en la región.
La gran persecución migratoria
En su primer año de mandato se fueron del país más migrantes de los que llegaron por primera vez en los 50 años de los que se tiene registro. Según los datos recopilados por Brookings, el saldo negativo es de entre 10.000 y 250.000 personas y se prevé que 2026 siga esa tendencia. A las deportaciones masivas —los datos oficiales apuntan a que fueron 605.000 hasta diciembre, pero estos son imposibles de verificar— se suma el cierre de la frontera, la cancelación de los programas de refugiados y de asilo, la prohibición de entrada de los ciudadanos de ciertos países y el endurecimiento o suspensión de visados.
Estados Unidos se aleja del sueño americano. Muchos extranjeros prefieren no llegar o incluso autodeportarse, a pesar de que esto suponga enterrar la vida que construyeron en el país que creían que les daba la bienvenida. La cruzada antiinmigrante lanzada desde la Casa Blanca desde el primer día del segundo mandato de Trump ha llevado el terror a las calles del país, donde los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, ocultos detrás de máscaras, realizan redadas en cualquier lugar, dejando tras de sí imágenes dramáticas de persecuciones, detenciones brutales, allanamiento de residencias y separaciones de familias.
Un punto álgido de la violencia utilizada por los funcionarios fue el asesinato de la ciudadana estadounidense de 37 años Renne Good el pasado 7 de enero en Minneapolis, la última ciudad donde Trump ha lanzado, con el envío de 3.000 agentes, la mayor operación contra la inmigración. Su muerte a tiros por un agente del ICE ha provocado numerosas protestas, que están siendo duramente reprimidas por las autoridades.
“La Administración Trump ha redefinido la inmigración, pasando de considerarla un fenómeno beneficioso para el país a verla como una amenaza para nuestra seguridad nacional y para el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. El alcance del uso de la autoridad administrativa que estamos presenciando no tiene precedentes”, señalaba Doris Meissner, directora del Instituto de Política Migratoria (MPI), la semana pasada.
Arrestos migratorios por agencia
Datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
La inmigración fue crucial en la elección de Trump para un segundo mandato. La narrativa impulsada por el Partido Republicano, que culpa a los migrantes de todos los males del país, desde la delincuencia hasta el desempleo, cuajó entre los votantes. Un año después, sin embargo, muchos creen que sus tácticas han ido demasiado lejos. Según una encuesta de la agencia AP publicada el viernes pasado, la aprobación de Trump en materia de inmigración ha disminuido entre los republicanos durante el último año, cayendo del 88% en marzo al 76%. Y entre la población general, solo el 38% de los adultos estadounidenses aprueba su gestión, mientras que el 61% la desaprueba.
Pero no solo fue parte crucial de la campaña electoral, sino que también se ha mantenido como tema central de su Administración. Según un estudio realizado por el MPI, el presidente ha emitido alrededor de 38 órdenes ejecutivas sobre leyes de inmigración, lo que representa el 17% del total de 225 decretos presidenciales en un año. En cuanto a acciones ejecutivas, es difícil hacer un seguimiento de todas ellas, pero se estima que ha superado las 500 en 12 meses. En comparación, en los cuatro años de su primer mandato se emitieron 472 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración.
Dos son sus objetivos. Uno es poner fin a lo que califica de “invasión” en la frontera, y el otro, llevar a cabo la mayor deportación de la historia, con la meta declarada de lograr un millón de expulsiones al año. Sin embargo, incluso los datos oficiales, que son más elevados que los que manejan varios expertos y observadores independientes, quedan lejos de este objetivo, lo cual ha provocado el descontento del presidente.
Es por ello que en los últimos meses ha cambiado a los dirigentes de las agencias migratorias y ha dado mayor protagonismo a figuras más agresivas, como la de Gregory Bovino. Hasta hace poco jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del distrito de El Centro en California, Bovino ha dirigido las operaciones migratorias en Chicago, Los Ángeles, Charlotte, Nueva Orleans y, ahora, en Minneapolis, animando a los agentes al uso de tácticas violentas en contra de manifestantes, como el gas lacrimógeno o las balas de pimienta.
Las mayores operaciones contra la inmigración se han llevado a cabo en ciudades controladas por los demócratas, muchas de la cuales, de acuerdo a legislaciones locales, no colaboran con las autoridades migratorias. En contraste, el Gobierno ha impulsado la cooperación entre los gobiernos locales y estatales republicanos y el ICE a través de unos acuerdos llamados 287g, que se han multiplicado exponencialmente por todo el país. Por ellos, la policía local y los alguaciles se han involucrado en las detenciones de migrantes y transmiten información migratoria de los detenidos por otros motivos al ICE para ver si son susceptibles a ser deportados.
Criminales que no lo son
El Departamento de Seguridad Nacional, comandado por Kristi Noem, defiende que los agentes migratorios detienen a “lo peor de lo peor” para expulsarlos del país, pero las estadísticas muestran que más de un 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales. En cambio, en los centros de detención del ICE se hacinan alrededor de 70.000 personas que no han cometido ningún delito más allá de carecer de un estatus migratorio. Las denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que se les mantiene —sin acceso a médicos, alimentos nutritivos o una mínima higiene— son constantes.
Los defensores de los migrantes denuncian, además, que se violan a diario los derechos de los detenidos: no los dejan comunicarse con sus familiares ni acceder a una defensa legal. Una de las herramientas de la Administración para aumentar las deportaciones son las expulsiones expeditas, sin permitir que los detenidos tengan acceso a abogados o a defender su caso ante un juez.
En marzo, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que solo se ha usado en situaciones de guerra, para enviar a más de 200 venezolanos y salvadoreños a El Salvador sin un juicio previo. El Gobierno los acusó sin pruebas de pertenecer a las pandillas criminales Tren de Aragua y MS-13 y fueron encerrados en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una prisión famosa por la violación de los derechos humanos. Una decisión judicial luego suspendió la aplicación de dicha ley, pero los casi 250 deportados pasaron meses de torturas en el país centroamericano, según contaron después de que finalmente fueran trasladados a Venezuela en julio.
La lucha judicial por la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros se suma a la creciente lista de medidas adoptadas por la Administración que se pelean en los tribunales, que se han visto invadidos de demandas por las polémicas decisiones del Gobierno en materia migratoria. Una de las más controvertidas es la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, que el presidente quiere suspender y que recoge la 14ª Enmienda de la Constitución.
TPS y ‘Parole’ humanitario
La Administración Trump ha eliminado programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole humanitario, creados para acoger a los ciudadanos de países que atraviesan situaciones críticas como conflictos armados o desastres naturales, dejando a más de un millón de personas que hasta ahora residían y trabajaban con un permiso legal susceptibles de ser deportadas. La cancelación de esos programas afecta a los migrantes de al menos 13 países, entre ellos, Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, Sudán del Sur y Afganistán. Sus motivos no suelen tener que ver con que la situación haya mejorado en esos países, donde muchos de los deportados se enfrentan a la persecución y la violencia.
“Cada vez que ocurre un evento importante, añaden una nueva prohibición. Así que, cada vez que un afgano comete un acto delictivo, se prohíbe la entrada a los afganos, y no solo a ellos. Temo que esto esté sentando un precedente para el futuro, ya que siempre habrá algún incidente negativo proveniente de algún país, cometido por alguna persona desequilibrada, y eso servirá de justificación para imponer cada vez más restricciones”, apunta David Bier, director de estudios migratorios del Instituto CATO. Trump prohibió el ingreso de afganos después de que un migrante de ese origen matara a un miembro de la Guardia Nacional en Washington D. C. y dejara herido a otro en un ataque cometido en noviembre pasado.
La inmigración que quiere Trump en el país es la de los ricos o los racialmente blancos. Por eso, una de sus últimas medidas ha sido prohibir la entrada de los ciudadanos de 39 países, en su mayoría de América del Sur, África y Asia. Además, ha impuesto una fianza de hasta 15.000 dólares a los ciudadanos de 38 países para obtener un visado y ha suspendido las visas de inmigrante para 75 países.
A cambio, otorga el estatus de refugiados exclusivamente a afrikáners de Sudáfrica y ofrece la residencia permanente en tiempo récord a los extranjeros que desembolsen un millón de dólares. Es la llamada visa dorada de Trump, que antecede a la visa platino, cuyos beneficiarios tendrán la posibilidad de pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre los ingresos obtenidos fuera a cambio de un desembolso de cinco millones de dólares. Un novedoso perfil de migrante para la nueva era de Estados Unidos.
NAM/Agencias
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