José Marín, abogado de los comerciantes informales de las adyacencias del Centro Comericla Plaza Lago, expresó este jueves que sus defendidos no se oponen al reordenamiento realizado en el centro de la ciudad, pero considera que fueron desalojados 15 mil comerciantes de manera arbitraria, aunado a la aprobación indebida de mercancía.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, en el canal 11 del Zulia, Marín refirió a situación de estos los comerciantes calificándola como , «una apropiación indebida. Quisiéramos saber dónde esta esa mercancía, intentaron justificar esta presunta intervención que llamamos vulgar asalto a los puestos de trabajo, con la supuesta intención de atacar las mafias».
A manera de ejemplo, citó «Ivis Iguarán, una indígena con más 40 años vendiendo mercancía en la zona, la criminalizaron y de la misma manera ocurrió con el resto de los comerciantes».
«Los han llamado bachaqueros, delincuentes, mafioso, narcotraficantes y ahora paramilitar; pero no han dado ningún nombre para aseverarlo y se encargaron de utilizar los medios para lograr el desprecio de este sector y justificar lo injustificable», sentenció.
Recalcó que no se oponen al reordenamiento, «de hecho la decana de arquitectura señalaba que no se puede hablar de reordenamiento sin tomar en cuenta a los actores fundamentales. Cómo no los reubicaron, aquí se violaron derechos fundamentales al trabajo».
Precisó que introdujeron una demanda ante el TSJ para suspender el decreto 0036 de la Alcaldía de Maracaibo, (el cual establece la intervención de los mercados privados y centros comerciales situados en la periferia del casco central como los son el mercado Las Pulgas, Las Playitas, Callejón de los Pobres, La Redoma, Plaza Lago y Bingo Reyna).
Marín aclara, que eso no significa que los trabajadores informales regresen a sus espacios de más de 40 años, sino que se restablezca el derecho al trabajo, algo fundamental. Igualmente piden la reubicación inmediata y de manera digna de los mismos.
Asimismo apelan al articulo de la Constitución referido al derecho a resarcir el daño, porque hubo vulneración del estado de derecho. «Lo primero son las cuantiosas perdidas que sufrieron cuando fueron asaltados, barridos, demolidos de sus puestos de trabajo, el huracán bolivariano arrasó con 15 mil puestos de trabajo».
A su juicio, buscan es proteger a las mafias, «estos 15 mil trabajadores no tiene nada que ver con negocios ilícitos». De la misma manera señaló que 50% de esos trabajadores informales son indígenas. En ese orden de ideas, precisó que también la población general se vio afectada, porque concurrían al centro para buscar precios accesibles.
NAM
