La ONG Provea y el Centro Gumilla (perteneciente a los jesuitas en Venezuela), iniciaron desde el año 2019 un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar y cuya consolidación ha permitido presentar formalmente una iniciativa con el nombre de «Lupa por la Vida, (construcción de una memoria colectiva en materia de ejecuciones extrajudiciales)».
«Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que la Covid-19 durante el año 2020. Un total de 2.853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados de seguridad. Graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad», destaca la documentación hecha por estas organizaciones.
Señala que, «la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes».
«Este hecho, junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados. En un país que ha perdido el bono demográfico este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país», precisa el informe.
También destaca, que «ni el supuesto confinamiento “obligado” debido a la cuarentena decretada por el ejecutivo nacional por la aparición de la pandemia del Coronavirus frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares».
NAM/Con información de Provea
