El proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) , ha desatado múltiples críticas por parte de empresarios y economistas, que alertan sobre la posibilidad de que se centralice aun más la recaudación de tributos si se aprueba el instrumento.
Uno de los actores que suma su voz contra esta propuesta es la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia (Aceez), puesto que consideran que pone en manos del Estado, a través de la creación de una instancia nacional que rige en materia tributaria, la fijación de tributos que deberían estar en manos de estados y municipios.
Alegan que la mayoría de los tributos son determinados por las autoridades nacionales, pues los estados y municipios no determinan ni cobran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), por lo que no cuentan con una gama amplia de tributos que cobrar y tienen problemas para financiarse.
«Como resultado del esquema tributario regional y local diseñado en el ámbito nacional, se presenta la situación de que los estados y municipios no cuentan con una gama amplia de tributos que financien los ingresos», resaltan en un comunicado.
Ante esta situación, los estados y municipios enfrentan problemas de déficit fiscal o se produce una precarización de los servicios que prestan y se ven obligados a mantener una plantilla de trabajadores con salarios «en niveles de subsistencia».
Por estas razones, y bajo la premisa de que el proyecto de ley llega para empeorar estas condiciones, la Aceez exhorta a «respetar la poca autonomía tributaria tanto de los estados como de los municipios de Venezuela».
Los académicos en materia económica de Zulia recuerdan que la Constitución cuenta con mecanismos que permiten una armonización de ciertos coeficientes o niveles de tasas y multas.
Añaden que «el fomento económico se basa en un balance entre una regulación efectiva y la promoción de negocios», no en la creación de más órganos burocráticos y medidas de control que no toman en cuenta la realidad de cada región del país. Es decir, se corre con el riesgo de desestimular las inversiones.
En el comunicado se alerta que un mal sistema tributario puede desincentivar inversiones productivas, promover la evasión fiscal e incrementar la informalidad en la economía, que ya se encuentra en niveles críticos, pues se estimaba que alcanzaba el 84,5% según estudios del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Intercambio de ideas
El proyecto de ley ha abierto las puertas del debate en el país, con distintos sectores argumentando qué podría implementarse para poner orden a un sistema tributario caótico, caracterizado por la galopante voracidad fiscal presente en muchos lugares del país.
El pasado 7 de septiembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, sostuvo un encuentro con la Comisión de Finanzas de la AN chavista, aportar su visión sobre los problemas que tiene el proyecto y agregar ideas para perfeccionar la propuesta.
Pisella recomendó que los impuestos municipales aplicados a la industria, el comercio y los servicios sean inferiores al 3%, para que el empresario vea viable mantener sus operaciones.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, argumenta que una buena solución para este problema pasaría por la ampliación de la base tributaria, es decir, que los entes fiscales cobren a más contribuyentes y se equilibren los pagos, en lugar de imponer toda la carga en los comercios.
NAM/Con información de TC
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