Un tribunal peruano revocó la orden judicial que impedía salir del país durante tres años a la líder política Keiko Fujimori mientras es procesada por la presunta comisión del delito de lavado de activos, informaron este viernes medios locales.
La decisión fue tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que anuló una orden emitida por el juez Víctor Zúñiga el 31 de mayo de 2023 luego de recibir una solicitud del fiscal anticorrupción a cargo del caso, José Domingo Pérez.
El fiscal había pedido que se imponga esta medida para evitar el peligro de fuga y asegurar la presencia de los procesados en el juicio oral que se abrirá próximamente contra Fujimori, para quien solicita 30 años de cárcel.
La sala de apelaciones adoptó una medida similar en el caso del exesposo de Keiko, Mark Vito Villanella, y los exdirigentes del partido fujimorista Fuerza Popular José Chlimper, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama y Adriana Tarazona, así como del empresario Vicente Silva Checa.
Según la resolución, que fue reproducida por medios locales, el impedimento de salida del país no es una medida necesaria para los procesados, ya que se les ha impuesto reglas de conducta para asegurar su presencia en el proceso penal.
Confirmó, en ese sentido, el mandato de comparecencia con restricciones y la orden de no variar de domicilio sin autorización judicial que se les ha impuesto.
Por otra parte, la Corte Superior Nacional informó este viernes que, tras un sorteo entre los cuatro juzgados penales colegiados, se decidió que el juicio por este caso esté a cargo del Tercer Juzgado Penal Nacional.
El tribunal será presidido por la magistrada Nayko Coronado y estará integrado por los magistrados Raúl Caballero y Max Vengoa, quienes deberán fijar una fecha para el inicio del proceso oral.
En diciembre pasado, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Zúñiga, dictó el auto de enjuiciamiento contra Fujimori y otras 38 personas naturales, además de dos personas jurídicas, por la imputación de presunto lavado de activos en agravio del Estado.
La Fiscalía acusa a la líder del partido Fuerza Popular y a la antigua cúpula de dirigentes de esa agrupación, de haber ocultado millonarios aportes irregulares para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Además de pedir 30 años de prisión para Fujimori, el fiscal Pérez también ha solicitado que se ordene la disolución y liquidación del partido Fuerza Popular y de una empresa de bienes raíces.
NAM – EFE
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