En nuestra redacción, las abogados Mercedes Medrano y Ana María Pimentel, quienes están frente a la investigación realizada por el Ministerio Público, fijaron posición en cuanto al caso donde se involucran a varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a El Mene, en un presunto caso de extorsión. «Nunca hubo extorsión, sólo la detención preventiva de un sujeto tras insultos a los uniformados», afirma la parte legal.
Según explica la parte de la defensa, el pasado 23 de septiembre del año en curso, en horas de la noche los funcionarios Mervin William Florido Díaz, oficial jefe; Deivi David Méndez Villalobos, supervisor agregado; Emely Chiquinquirá García Rondón, oficial; Adalberto José Dávila, supervisor agregado; Alfredo Amaya, oficial agregado y el oficial Manuel Alejandro Machado García, adscritos al comando de la PNB de El Mene, en el marco de un dispositivo de seguridad avistaron a un ciudadano a bordo de un vehículo, a quien le dieron la voz de alto, deteniéndose y bajándose su conductor, bastante molesto vociferando palabras obscenas en contra de la comisión.
«Ante esta situación al observar su extraña actitud fue conducido al referido comando para proceder a verificarlo con el sistema Siipol, razón por la cual una vez en el comando se trata de proceder a la verificación, siendo infructífera la acción en razón de encontrarse caído el sistema. En razón de tal situacion y al persistir la interrupción del sistema, avanzada ya la noche, le permiten su salida, quedando todo el procedimiento asentado en el libro de novedades respectivo», afirman.
Agregan que el referido ciudadano -ya en libertad- manifestó tener un familiar dentro de la institucion a quien pidió el favor llamar en razón de encontrarse sin combustible. «Es así como el referido ciudadano y familiar del funcionario (Luis Fuenmayor) llega al comando y le lleva gasolina para retirarse. Posteriormente una semana después (28 de septiembre) se presenta al comando de El Mene, una comisión de la ICAP manifestando que se encontraba en búsqueda de los funcionarios antes nombrados por encontrarse incursos en un caso de extorsión, y por el cual fue detenido el funcionario Luis Fuenmayor».
Desde entonces -agregan- los referidos funcionarios han sido injustamente tratados por varios medios de comunicación como extorsionadores o evadidos «Lo que no es cierto en razón de encontrarse laborando en su comando en San Francisco, puesto que no pesa sobre ellos ninguna orden de aprehensión. No obstante la irrita persecución sin que medie ninguna orden judicial (…) Sus casas fueron allanadas ilegalmente por funcionarios de la ICAP, así como detenidos algunos de sus familiares ante que los mismos aparecieran, incluso todos los uniformes, pertenencias personales, fueron desaparecidos por quienes allanaron el comando y un vehículo de uno de los funcionarios fue desvalijado parcialmente».
Comentan que es una situación que viene ocurriendo ante personeros del cuerpo de seguridad que quieren enlodar el nombre de estos funcionarios. «Por esta razón aclaramos esta situación, ya que los medios de comunicación se basaron en una minuta entregada por el cuerpo de seguridad… Los ciudadanos involucrados en este procedimiento salieron ilesos del caso y no tienen que ver con la actuación policial, será la Fiscalía del Ministerio Público quien determine las actuaciones a seguir».
NAM
