A partir del 6 de junio, casi medio centenar de sospechosos serán interrogados por el juez federal argentino Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado tiene a su cargo un juicio de supuesto pago de sobornos, por parte de la empresa brasileña Odebrecht, para llevar a cabo obras de infraestructura en el tren Sarmiento.
Entre las 49 personas que fueron citadas a declarar por pedido del fiscal Franco Picardi, aparecen el empresario Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; el exministro de Planificación de Cristina Kirchner, Julio de Vido, y el propio Marcelo Odebrecht, titular de la compañía constructora.
Según informó Página/12, la resolución judicial emitida por Martínez De Giorgi sostiene que hay indicios que «permiten sustentar el estado de sospecha» en el proceso licitatorio. Y asegura que existieron «pagos directos» por parte de las empresas, que «se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados».
Asimismo, se afirma que hubo dos mecanismos para garantizar esto: «A través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes«, por un lado. Por el otro, «mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su División de Operaciones Estructuradas, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore».
Doble soterramiento
Tal como lo hace recordar el diario Clarín, en el marco de la mega causa internacional de sobornos pagados por la constructora brasileña, sus directivos admitieron haber entregado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos para obtener obras en ese país. En total, son tres las causas que está investigando la Justicia, y una de ellas es la que ha generado estas citaciones.
Se trata de una obra cotizada en 3.000 millones de dólares para realizar el soterramiento de las vías del ferrocarril Sarmiento, que une la Ciudad de Buenos Aires con el municipio de Moreno. Originalmente fue otorgada a un consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces propiedad de Calcaterra), Ghella y ComSa S.A.
En 2017, la compañía brasileña se retiró al revelarse el escándalo de los sobornos.
