Human Rights Watch señaló al gobierno de Colombia por nombrar a al menos nueve militares para cargos clave del ejército pese a las evidencias creíbles de su implicación en graves violaciones de los derechos humanos durante el largo conflicto civil del país.
En un reporte publicado el miércoles, la organización de defensa de los derechos humanos condenó al gobierno del presidente Iván Duque por ascender al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel a jefe del ejército y promocionar a otros ocho altos cargos militares vinculados a los abusos.
Los hombres están “creíblemente implicados” en lo que se conoce como el escándalo del “falso positivo”, en el que las fuerzas de seguridad mataron a varios miles de civiles durante el apogeo de la ofensiva militar contra las guerrillas de izquierdas y los contaron como rebeldes para inflar las cifras de fallecidos en combate y obtener codiciados bonos, apuntó el grupo.
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Los nombramientos, según Vivanco, envían el preocupante mensaje a las tropas de que “cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
Una solicitud de comentarios de The Associated Press a la oficina de Martínez Espinel no fue respondida de inmediato.
Esta no es la primera vez que Human Rights Watch acusa al gobierno de Bogotá de ignorar las violaciones cometidas en tiempos de guerra en sus ascensos militares. En 2017, el grupo expresó su preocupación por que cuatro coroneles y un general estrechamente ligados a los asesinatos extrajudiciales estuvieran en una lista de candidatos a promociones.
Los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados, en su mayoría de baja graduación, por su participación en estas muertes, pero los altos cargos salieron en su mayoría indemnes.
El Tribunal Especial para la Paz del país está revisando también los casos. La corte se formó tras la firma del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto armado más largo de América Latina. Quienes confiesen plenamente sus delitos podrían no tener que ingresar en prisión.
De acuerdo con HRW, Martínez Espinel era el segundo al mando de la 10ma Brigada en los años en los que se cometieron 23 asesinatos investigados por la fiscalía.
NAM/AP
