Un exabogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en Seattle fue sentenciado el jueves a cuatro años de prisión por robarse las identidades de personas que enfrentaban deportación y usarlas para acumular facturas por 190.000 dólares.
Raphael Sanchez renunció cuando se presentaron cargos en su contra en febrero por los delitos cometidos a lo largo de cuatro años. Había supervisado procesos de inmigración en Alaska, Idaho, Oregon y el estado de Washington desde el 2011 como el máximo representante legal de la agencia en la región.
“A Sanchez se le entregó una autoridad significativa para representar a Estados Unidos en procedimientos cruciales de inmigración que afectaron profundamente las vidas de muchos”, dijeron los abogados Luke Cass y Jessica Harvey, de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, en un memorándum de sentencia a la corte. “Sanchez abandonó los principios que juró respetar y usó su autoridad meramente como vehículo para beneficio personal”.
Como parte de un acuerdo con la fiscalía en el que Sanchez se declaró culpable de fraude y robo de identidad, los fiscales y la abogada de Sánchez, recomendaron una sentencia de cuatro años de prisión.
Stamm atribuyó los crímenes a las tendencias autodestructivas de su defendido, incluyendo abuso peligroso de píldoras para dormir, que ella dijo se derivó de haber sido criado por un padre alcohólico y violento.
En una entrevista con funcionarios de la corte antes de ser sentenciado, Sanchez, de 44 años, que iba a ganar 162.000 dólares este año, dijo que enfrentó problemas monetarios, depresión, fatiga y relaciones fallidas antes de iniciar sus actividades fraudulentas.
La trama de Sanchez comenzó en el 2013 y duró hasta el final del año pasado. Sanchez usurpó la identidad de al menos siete personas que habían sido o podían ser deportadas y entonces falsificó documentos de identificación, tales como tarjetas de Seguro Social y licencias de conducción, con sus nombres. A veces, usaba fotografías de una víctima reciente de asesinato que habían sido publicadas en la prensa.
NAM/AP
