Las acciones de EEUU para expandir su dominio geopolítico y financiero en América Latina continúan profundizándose. Uno de los mecanismos que utiliza Washington es la cobertura de activos del Estado venezolano para descapitalizar al gobierno de Nicolás Maduro. En este caso lo hace mediante Citgo, la filial de PDVSA en Texas, que le fue confiscada al gobierno venezolano junto a todos sus activos en EEUU como parte de una ronda de sanciones que Washington impuso en agosto de 2019.
Y es que el llamado Gobierno Interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó (presidente de la Asamblea Nacional) saluda la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) de extender la vigencia de la Licencia General 5A hasta el 22 de abril de 2020.
Con esa licencia, la filial Citgo queda bajo protección legal de la jurisdicción financiera del Gobierno de EEUU para evitar que los acreedores tomen control de la compañía, pues fue puesta como garantía de pago de una deuda del gobierno de Maduro con los acreedores estadounidenses por un total de 49.700 millones de dólares.
Como resultado de ello, se ratifica que actualmente no es posible realizar ninguna acción de toma de control de las acciones de CITGO entregadas como colateral del bono PDVSA 2020, ilegalmente emitido por el gobierno de Maduro sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
«Con esta decisión plasmada en la Licencia General 5B, Estados Unidos, extiende el lapso establecido en octubre del pasado año, permitiendo al Gobierno Legítimo avanzar en pro de la protección definitiva de Citgo», informó el Centro Nacional de Comunicaciones (oficina de prensa de Guaidó).
La deuda del gobierno de Maduro en la que colocó como garantía a Citgo se vence este mes, pero con esta extensión hasta abril podría aumentar el margen de maniobra del equipo de Guaidó para obtener el financiamiento con el cual cancelaría al menos una parte del total adeudado y una porción de intereses, esto en caso de que EEUU siga suministrando financiamiento a Guaidó, a quien reconoce como Gobierno de Venezuela y le ha otorgado más de 400 millones de dólares en ayuda por concepto de ayuda humanitaria y gastos de funcionamiento de la Asamblea Nacional, así como también financiamiento a la gestión política de la oposición liderada por Guaidó.
Este lapso, además, permitirá esperar el avance del juicio de nulidad en contra del Bono 2020. Juicio iniciado por el Gobierno Legítimo de Venezuela para buscar la declaratoria de nulidad, ilegalidad e invalidez de estos papeles que ponen en riesgo a Citgo, luego de que el régimen de Maduro ilegalmente lo ofreciera como colateral de los bonos, sin autorización de la Asamblea Nacional, violando de esa manera el artículo 150 de la Constitución, tal y como fue advertido en su momento por la Asamblea Nacional, especifica el informe de la OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU.
Si ese juicio prospera y los argumentos del equipo jurídico de Guaidó, liderado por el procurador especial designado, José Ignacio Hernández, son aceptados en los tribunales de EEUU, sería declarada nula y condonada la deuda en acciones de Citgo, que tiene un valor de $15.000 millones, como títulos de deuda a los acreedores. Es decir, esos tenedores de bonos no podrán tomar control financiero de la filial de PDVSA.
Ricardo Serrano
