«Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo Castillo.
«Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón», agregó en una audiencia virtual judicial que evalúa una apelación a su detención preliminar de siete días.
«Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión», acotó dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente la jefatura de Estado, como prevé la Constitución.
Boluarte recibió el martes en su despacho presidencial a la embajadora de Estados Unidos en Lima.
– Militares en la calle –
Las fuerzas armadas patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.
Las violentas manifestaciones contra Boluarte persisten y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló un balance de la policía.
Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco, en Arequipa, segunda ciudad del país, y en Apurímac, cuna de Boluarte. En el norte las regiones más convulsionadas son La Libertad y Cajamarca, cuna de Castillo.
En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.
Varios gremios agrarios e indígenas convocaron este martes a un «paro indefinido» en demanda de elecciones generales.
Su repercusión se desconoce aún pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
El aeropuerto de Cusco fue cerrado asimismo el lunes luego de que manifestantes intentaran tomarlo.
Boluarte busca negociar con el Congreso el adelanto de elecciones generales de julio de 2026 a abril de 2024.
El miércoles pasado, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que el parlamento debatiera su destitución por presunta corrupción.
Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse. La fiscalía, que lo investiga por corrupción, le imputó el delito de «rebelión» y «conspiración» en flagrancia.
– Respaldo latinoamericano –
Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo a pesar del autogolpe.
«Sigue siendo Pedro Castillo el presidente» de Perú, afirmó el martes el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
En un comunicado conjunto, Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar «la voluntad popular expresada con el libre sufragio».
La Cancillería peruana respondió recordando que Castillo fue destituido por el Congreso en apego a la Constitución porque cometió un «golpe de Estado» y pidió a los países «que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en el Perú».
– Castillo investigado –
Antes de su fallido autogolpe, la fiscalía ya investigaba a Castillo por liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.
También investiga si cometió otros delitos, como tráfico de influencias en la compra de gasolina por parte de la estatal Petroperú en 2021 y obstrucción de la justicia en el despido del ministro del Interior (que autorizó el arresto de algunos de sus aliados).
Los fiscales indagan también si Castillo cometió el delito de tráfico de influencias en promociones militares y si cometió un acto de corrupción en concesiones de obras públicas, e investigaba el presunto plagio de su tesis universitaria.
La fiscal de la nación, Patricia Bernavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones en Perú, un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por casos de corrupción en lo que va del siglo XXI.
Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organiazción de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.
Varios analistas consultados por la AFP consideran no obstante que la justicia peruana es independiente.
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