La jurista portuguesa Marta Valiñas será la presidenta de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para los supuestos abusos perpetrados en Venezuela desde 2014, anunció este lunes el organismo con sede en Ginebra.
El abogado chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils completan la comisión, señaló un comunicado del consejo, en el que se destacó que los tres trabajarán «a título personal» y se reunirán en las próximas semanas para definir la estrategia, la metodología y el enfoque de sus investigaciones.
El trío de expertos tendrá por misión «investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014», según la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el pasado 27 de septiembre.
La comisión tiene un periodo de un año para reportar los resultados de sus investigaciones al mismo consejo, por lo que éste instó a las autoridades venezolanas a otorgar acceso «inmediato, pleno y sin restricciones» a todo el país, incluidas víctimas y lugares de detención.
Valiñas es una destacada experta en derecho penal internacional, especializada en crímenes sexuales y de género, y desde 2014 ha formado parte de los equipos de investigación de la fiscalía en la Corte Penal Internacional de La Haya.
Cox lideró el grupo de expertos internacionales nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de México para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y previamente representó a víctimas del conflicto armado en Uganda ante la Corte Penal Internacional.
Seils forma parte del Instituto Europeo para la Paz, trabajó para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y también en la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras posiciones.
La creación de la comisión investigadora definida hoy fue aprobada en septiembre tras ser solicitada al Consejo de Derechos Humanos por países como Colombia, Perú, Brasil o Argentina dentro del Grupo de Lima.
La delegación venezolana ante ese consejo adelantó en el mismo día de la aprobación que no colaboraría con la comisión, al considerarla una «hostil iniciativa que vulnera los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados».
La crisis política y económica en Venezuela ha detonado en un complejo foco estructural de corrupción en la clase política vinculada estrechamente con la cúpula de poder del gobierno de Nicolás Maduro. Las auditorías internacionales sobre el inmenso flujo de capitales que entra al país se han quedado cortas e insuficientes ante las numerosas estructuras que el monopolio empresarial del Gobierno, presuntamente, utiliza para desviar fondos en el programa gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor conocido como los CLAP.
Las denuncias de corrupción publicadas por un portal web provocaron la implosión de un clima de desacuerdo y tensión en la Asamblea Nacional por el fuerte efecto político que genera en el proyecto de transición de Guaidó el hecho de que los dos principales partidos de su plataforma: Voluntad Popular y Primero Justicia, tengan a representantes de esas toldas, que también son diputados de la AN, involucrados en una presunta operación para eximir de responsabilidad fiscal y penal al empresario colombiano (Alex Saab) que a través de su compañía importa alimentos para el programa CLAP del gobierno de Maduro.
NAM/EFE
