El gobierno de Nayib Bukele bajo la Dirección General de Centros Penales de El Salvador declaró bajo reserva por un período de siete años la información relacionada con los más de 250 venezolanos expulsados de Estados Unidos y secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
El medio local Infodemia pidió a la institución encargada del sistema carcelario una copia en versión pública del acuerdo suscrito entre ambos gobiernos o cualquier otro documento oficial, como notas diplomáticas, memorandos de entendimiento, actas de reuniones, cartas de intención u otros documentos que acrediten la existencia de coordinación o cooperación entre Estados Unidos y El Salvador respecto a este tema.
Sin embargo, Centros Penales respondió que la información solicitada no puede entregarse bajo el amparo de lo regulado por en los artículos 6 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública
“Se encuentra reservada bajo tal atribución que faculta a esta Dirección General de Centros Penales a que ‘toda información que contiene y genera y resguarda ya sea en formato físico o digital el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) queda en reserva total por un plazo de siete años”, indicó la resolución.
Respuesta de Centros Penales.
Infomedia solicitó esta misma información a otras instancias de gobierno, además de que se informe cuál es la base legal que permite mantener privadas de libertad a estas personas sin contar con órdenes de detención judicial ni procesos penales en curso en tribunales salvadoreños.
El medio también pidió conocer si a las personas detenidas se les está aplicando o no el régimen de excepción que se encuentra vigente en el país desde marzo de 2022, en el marco de la denominada “guerra contra las pandillas”.
La directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo que esta decisión de Centros Penales de reservar la información aporta mayor incertidumbre sobre la situación de los sudamericanos, ya que no se tiene certeza de su paradero y condiciones.
“Indudablemente se sigue configurando el delito de desaparición forzada y con esta actitud de declarar todo en reserva aún más porque son las autoridades del Estado las que han dado traslado a estas personas al CECOT desde que pisaron el territorio salvadoreño”, dijo Escobar.
Desaparición forzada
“Es una flagrante desaparición forzada dolosa de parte del Estado de El Salvador contra estas personas”, agregó la defensora de derechos humanos.
La detención de los venezolanos generó numerosas críticas a nivel internacional, ya que Estados Unidos y El Salvador han sometido a los sudamericanos a desaparición forzada y detención arbitraria, violado derechos de los detenidos y tratados internacionales.
Abogados particulares, las organizaciones Cristosal y Robert F. Kennedy Human Rights han denunciado que el Gobierno inconstitucional de Nayib Bukele impiden comunicarse y conocer la condición con sus representados venezolanos que están en el CECOT.
