El Gobierno encargado de Venezuela publicó recientemente el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el cual regula la actividad de las empresas nacionales y extranjeras que participan en el sector hidrocarburos de la nación.
Según publicó Bloomberg, la normativa establece pautas que van desde la bocana del pozo hasta el surtidor de combustible, además incluye las condiciones fiscales, con una variedad de impuestos que reflejan el perfil de riesgo de los activos.
Samantha Gross, directora de seguridad energética de la Brookings Institution, acotó que «abrir el mercado es algo positivo, si se tiene en cuenta la situación de PDVSA: tienen problemas de liquidez y no han funcionado bien durante años».
En el año 2022, PDVSA cedió el control administrativo de la producción de petróleo a Chevron, por lo que estas nuevas normas amplían de manera importante «el margen de maniobra para incluir el refinado, la comercialización y la distribución del petróleo».
La apertura del sector petrolero venezolano busca atraer inversiones que Estados Unidos necesita «con urgencia» a medida que flexibiliza las sanciones, y que tras los dos terremotos del pasado 24 junio, se hacen más necesarias.
Samantha Gross enfatizó que abrir el mercado petrolero a las empresas privadas es un primer paso, más cuando las refinerías en Venezuela también necesitarán «una importante restauración».
«Renovar esas instalaciones y ponerlas de nuevo en buen estado de funcionamiento va a costar dinero. Así que la pregunta es: ¿creen las empresas que podrán obtener suficientes beneficios a largo plazo para justificar esas buenas inversiones?».
NAM/Banca y Negocios/Bloomberg
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