La Cámara de Comercio de Maracaibo ofreció tres planteamientos a las autoridades y a la Asamblea Nacional para que se garantice un suministro eléctrico confiable que contribuya a «la productividad industrial, la inversión, el empleo y la calidad de vida», ante la crisis que atraviesa el sector.
A través de un comunicado, el gremio señaló que su más reciente Encuesta de Coyuntura Económica reveló que el 96 % de las empresas marabinas identifican al servicio eléctrico como «uno de los principales factores que afectan su capacidad operativa y sus posibilidades de crecimiento».
De acuerdo con su reporte, «el incremento en la frecuencia de las interrupciones del servicio eléctrico» afecta directamente «la producción en todos los sectores», con un impacto directo en «la generación de empleo y en el bienestar de millones de venezolanos».
Aunque la institución reconoció los avances legislativos que buscan «atraer capital financiero, tecnología y recurso humano para estabilizar y desarrollar el sistema eléctrico nacional», como la discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, planteó los siguientes puntos que, a su juicio, deberían ser considerados:
Descentralización del sistema eléctrico nacional: regresar al sistema de empresas regionales con autonomía operativa y financiera real para operar. Para el gremio, ese esquema operativo, vigente hasta el año 2007, «demostró ser exitoso al punto que Venezuela contó con uno de los servicios eléctricos más robustos del continente». Destacó que las empresas regionales deben funcionar en sociedad con capital privado, tanto nacional como extranjero.
Seguridad jurídica: la cámara sostiene que el proyecto de ley actual concentra en la figura del presidente de la República la autorización de cada empresa mixta, así como las condiciones sobre su operación, por lo que explicó que «los inversionistas institucionales y los financistas multilaterales requieren marcos regulatorios más predecibles, con reglas claras y organismos reguladores independientes».
Para el sector, «la discrecionalidad ejecutiva total en estas decisiones solo elevaría el riesgo percibido y, por ende, dificultaría la concreción de proyectos». A la vez, apuntó que «en caso de disputas o necesidades de mediación, se requiere establecer mecanismos internacionales de arbitraje y de resolución de conflictos».
Plazo máximo de concesión de 25 años: para el gremio, «este plazo máximo, sin garantías suficientes sobre el valor residual de las inversiones al momento de la reversión, resulta poco atractivo», pues los proyectos de infraestructura eléctrica de gran escala muchas veces «superan el horizonte de amortización propuesto en el proyecto de ley».
Ante esto, explicó que las empresas e inversionistas requieren de «total certeza para la recuperación de su capital, por lo cual se debe considerar la posibilidad de renovación de la concesión por un segundo período».
Pese a que la emisión de nuevas licencias generales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), los acuerdos firmados con empresas como Impsa y GE Vernova «representan una oportunidad relevante para la generación, la transmisión y distribución eléctrica», el gremio consideró que «aun así resulta insuficiente».
Por ello, hizo un llamado al Parlamento y a los actores involucrados en la definición de este nuevo marco regulatorio, para que consideren sus planteamientos y así aprovechar «las oportunidades actuales, los acuerdos alcanzados y el interés de nuevos inversionistas».
El sector destacó el ecosistema empresarial que existe en la entidad para «la recuperación económica del país».
Además, reiteró su disposición de contribuir con el Ejecutivo nacional, el Poder Legislativo, las empresas del sector energético y todos los sectores comprometidos con la recuperación del sistema eléctrico venezolano.
Recientemente, el Gobierno de Venezuela anunció la reactivación y culminación de las obras civiles e ingenieriles de la Central Hidroeléctrica Tocoma, tras la firma de un convenio técnico con la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), como parte de un plan destinado a fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El proyecto contempla la incorporación de 2.640 megavatios de generación eléctrica mediante el montaje de 10 unidades generadoras en el estado Bolívar, sobre el río Caroní, considerado uno de los principales polos hidroeléctricos del país.
Asimismo, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la empresa General Electric suscribieron un acuerdo con el objetivo de impulsar proyectos vinculados a la «recuperación y modernización» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El acto estuvo encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien afirmó que el memorando permitirá avanzar en la recuperación progresiva de la capacidad de generación eléctrica del país, con metas de hasta 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años.
NAM-Agencias
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