La posición de Estados Unidos ante Venezuela es clara. La máxima potencia económica, financiera, militar y geopolítica del planeta no se mantendrá expectante al ver cómo se desarrolla una crisis de magnitudes realmente alarmantes para los países vecinos y para una región en la que la nación norteamericana tiene redes de influencia bastante marcadas e instaladas.
Desde 2018 se abrió un panorama de escenarios de muchas expectativas y de alto impacto mediático, pues la política exterior de Washington incluyó un elemento radical que empezó a causar expectativa una vez que lo dijo el propio presidente Donald Trump y luego lo ratificó su entonces asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
«Todas las opciones están sobre la mesa, incluida la opción militar», lanzó Trump a Venezuela y al mundo a mediados del año 2018. Posteriormente, la estrategia discursiva, política y financiera de la Casa Blanca sobre el gobierno de Maduro comenzó a configurarse en torno a esa premisa in extremis: el uso de la fuerza, eventualmente posterior a una presión y total asfixia financiera de EEUU a la estructura de poder de Maduro mediante varias rondas de sanciones. De hecho, EEUU anunciará más y nuevas medidas de ese tipo en las próximas semanas.
Sin embargo, esa opción se ha diluido progresivamente en la medida que se posiciona cada vez más como una herramienta de la retórica del Departamento de Estado que como una política real y latente, aunque todavía no esté oficialmente descartada hasta que el propio Trump así lo haga saber.
Pero EEUU ha enviado señales, y las más recientes vinieron de los dos funcionarios más poderosos en Washington: el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo.
El pasado 9 de enero, Pompeo afirmó que solo una «transición negociada» pondría fin a la crisis venezolana. A su juicio, ese es el único camino efectivo para lograr el restablecimiento de la democracia en el país.
«Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela», dijo Pompeo, según publicación del portal Voz de América. Según el diplomático estadounidense, “las negociaciones podrían abrir el camino de la crisis a través de un gobierno de transición que organizará elecciones libres y justas».
Esta declaración demuestra que EEUU no tiene un enfoque militar o disuasivo bajo la coacción (fuerza) del Estado norteamericano en su política exterior hacia Venezuela debido a que una acción militar-armada estadounidense en territorio venezolano tendría repercusiones o, como lo llaman en Washington, «efectos colaterales», en los mercados controlados por la estructura financiera, corporativa, diplomática y del complejo militar-industrial de EEUU en América Latina, una región en la que Venezuela es todavía uno de sus cuatro países más estratégicos geopolíticamente.
Además, una operación de ese tipo, que EEUU no ejecuta en Latinoamérica desde su intervención en Panamá en 1989 para sacar del poder al entonces dictador Manuel Noriega, generaría un período de ingobernabilidad por efecto expansivo de la inestabilidad política, social y fronteriza multiplicada a los países de la zona de influencia de Venezuela, que a EEUU le costaría controlar internamente en toda la región a través de su aparato diplomático y político tanto en Venezuela como en el resto de Sudamérica.
Una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela podría desestabilizar las monedas, mercados y rutas comerciales de los países latinoamericanos aliados de EEUU en materia financiera, comercial, tecnológica y energética, un poderío que Washington y sus élites no están dispuestos a perder o a arriesgar por una operación armada ordenada por Trump o sopesada por sus asesores militares en el Pentágono (Departamento de Defensa).
Ricardo Serrano
