El gobierno de Bolivia eliminó el lunes el subsidio al diésel para grandes consumidores y congeló el precio para el resto de la población ante una aguda escasez de combustibles que está paralizando la producción de alimentos y atizando el descontento social.
Con la medida, el gobierno del conservador Rodrigo Paz avanza en sus reformas liberales, que implican la eliminación total de los subsidios a los combustibles, una de las causantes de la crisis del país.
La escasez de gasolina y diésel derivó en un estallido social de 53 días de protestas con cortes de ruta entre junio y julio que asfixiaron a La Paz y otras ciudades. Los bloqueos fueron en rechazo a la escalada de los precios de los alimentos y en demanda de la renuncia del mandatario, que lleva nueve meses en el poder. Paz decretó el estado de excepción para frenar las protestas.
Una de las razones principales de la medida del presidente obedece a que, como Bolivia importa la mayor parte del diésel que consume, mantener un subsidio para todos los sectores se volvió financieramente difícil para el Estado debido al agotamiento de las reservas internacionales. Cobrar un precio real a las grandes industrias permite aliviar la presión sobre las finanzas.
Qué implica la medida
Desde el lunes y por la quita del subsidio, el diésel, el carburante más escaso, pasó de costar 0,85 a 1,56 dólares por litro para empresas corporativas, exportadores, compañías mineras y la gran industria.
“El gobierno busca reordenar la economía, mejorar el abastecimiento y corregir la distorsión de precios”, dijo en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.
En tanto, la gasolina que mueve gran parte del transporte público mantiene la subvención.
El ajuste llega ocho meses después de uno destinado a todos los sectores que redujo en gran parte el subsidio a la gasolina y al diésel importados. Paz aplazó hasta diciembre un nuevo ajuste en el precio de la gasolina.
Según el gobierno, al sacar los subsidios al combustible para grandes industrias e incrementar su costo, el gobierno desincentiva un mercado negro donde gran parte del producto se vende a más del doble.
El ajuste busca “sincerar la economía, la alta carga fiscal por importación, frenar el contrabando, la reventa ilegal y garantizar el abastecimiento”, explicó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.
NAM – AP
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