El juego está cerrado y obstaculizado, pero el tablero ahora está más abierto que nunca ante los numerosos escenarios que tendrán lugar este año en Venezuela, pues inició un nuevo ciclo de tensión política que decidirá una situación clave para el futuro del país: la permanencia en el poder del gobierno de Nicolás Maduro o la instalación de un gobierno de transición que dé paso a un nuevo gobierno que saque a Venezuela progresivamente de la crisis económica.
Dada la configuración actual del contexto y el sistema político, al menos por ahora parece más probable lo primero, puesto que son muchos los expertos que señalan, y los hechos también lo hacen, que no habrá una solución a la crisis económica del país si previamente no se logra una solución política.
El conflicto está instalado y esa polarización impide que los actores de la administración del poder y la vida pública nacional se pongan de acuerdo para acordar un programa de recuperación económica.
¿Qué puede suceder ahora? Luego de que el chavismo tomara por asalto el Parlamento e instalara de manera ilegal una junta directiva paralela de la Asamblea Nacional, podría abrirse una nueva pugna interna dentro de la cúpula del chavismo entre la facción de Diosdado Cabello y la facción de Nicolás Maduro, pues ambos indujeron la creación de un nuevo ecosistema político para la subsistencia del chavismo, que es la AN paralela encabezada por el diputado Luis Parra en detrimento jurídico y político de la AN legítima presidida por Juan Guaidó, quien plantea que la única solución posible a la crisis económica del país es sacando del poder al gobierno de Maduro.
La cohabitación de la Asamblea Nacional Constituyente y la AN paralela de la oposición disidente supone la configuración de un Estado propio creado por el chavismo para seguir profundizando su control social, político, económico y militar del país, según analistas.
De hecho, las proyecciones indican que la AN presidida por Parra, avalada por Maduro y todo el chavismo, inevitablemente escogerán a la nueva directiva del CNE para garantizar un sistema electoral diseñado bajo los circuitos electorales del PSUV y promulgar nuevas leyes económicas con el objetivo de insertar el petro (criptomoneda artificial sin mercado) en la economía nacional.
Información recabada por agencias internacionales apuntan a que, con este Parlamento paralelo (presidido por Luis Parra) impuesto mediante una presunta operación política del gobierno de Maduro, su administración busca el reconocimiento, legitimidad y aprobación de préstamos, créditos y contratos internacionales que obligatoriamente requieren del aval jurídico de la Asamblea Nacional, en especial con sus dos principales soportes financieros: China y Rusia.
En ese escenario, el gobierno de Maduro podría empezar a instaurar una economía híbrida, cerrada y primitiva con el uso del petro impuesto arbitrariamente desde el Estado junto al bolívar devaluado por la inflación, esto ante el auge de una dolarización de facto que se expandirá más por el efecto de las remesas, las importaciones privadas, el lavado de dinero, las alianzas externa del sector privado y todos los mecanismos ilegales mediante los cuales entran dólares al país a través de las fronteras con Colombia y Brasil.
En el lado opositor, Guaidó podría empezar a radicalizar progresivamente la posición de su denominado «gobierno interino» y recurrir así a una nueva ronda de sanciones con lobby diplomático simultáneo en Estados Unidos para lograr reactivar las gestiones del TIAR, esto mediante negociaciones con Washington para implementar una estrategia de disuasión militar o diplomática desde la Casa Blanca contra el gobierno de Maduro.
Diversos politólogos ya argumentan, tras el hecho antidemocrático sucedido el pasado domingo 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo, que el gobierno de Maduro utilizará la llamada AN paralela para darle un «barniz de legitimidad artificial» a posibles nuevas decisiones económicas regresivas de su administración que incluyan lo siguiente: control de precios, subsidios más focalizados y más altos en la población dependiente del Estado por mengua económica, así como también eventuales penalizaciones al uso exacerbado del dólar en comercios y negocios no acoplados a la dinámica del petro dictada por el gobierno socialista.
A medida que, eventualmente, llegue a desarrollarse una dinámica política nacional bajo estos escenarios, podría agravarse la crisis económica en cuanto al aumento de la hiperinflación, la expansión de la desigualdad social y la totalización de la dolarización caótica en un grupo cada vez más reducido de la población venezolana con un nivel de vida medio y alto en divisas.
En 2020, podría decidirse el futuro económico y político definitivo de Venezuela: continuidad de las políticas del gobierno de Maduro o un acuerdo nacional que lleve a un Consejo de Estado que conduzca una transición política para nuevas elecciones presidenciales y un eventual nuevo gobierno con apoyo internacional que desbloquee el desgaste económico del país.
Ricardo Serrano
