Esto no es novedad. Se sabe, desde hace bastante rato que mujeres venezolanas y colombianas son víctimas recurrentes de las redes de trata y explotación sexual en muchos países, pero son blanco principal en España, fundamentalmente las venezolanas, que son las más captadas.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, las redes de trata de mujeres para explotación sexual en España presentan un preocupante incremento en su actividad, siendo las colombianas y venezolanas las víctimas predilectas para estas organizaciones criminales.
Estas bandas delictivas aprovechan las necesidades económicas de estas mujeres para proveerles una vía de escape de la dramática situación que viven en sus respectivos países. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España (Citco) observa un aumento en la proporción de víctimas latinoamericanas en los últimos años, según la agencia EFE.
Otras organizaciones, como Accem, también documentan y alertan sobre la vulnerabilidad de estas mujeres tanto en sus países de origen como en España.
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Cifras oficiales de este centro adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior revelan que la mayoría de las féminas captadas por estas redes tienen entre 28 y 32 años, y provienen principalmente de Colombia, Venezuela y Paraguay.
En 2023, la Policía y la Guardia Civil liberaron a casi 300 víctimas, siendo más de un tercio de ellas colombianas (137). En la lista le siguen las venezolanas (44), paraguayas (32), brasileñas (10), dominicanas (9), uruguayas (3), cubanas (3), argentinas (2) y peruanas (1).
Debido a los profundos lazos históricos y culturales que el país ibérico sostiene con Latinoamérica, y la gran cantidad de comunidades que allí se encuentran, España se vuelve un destino principal para proyectos migratorios desde estos países.
Las redes de trata aprovechan los contextos precarios que se viven en el continente americano para engañar a las mujeres con promesas de empleo, que terminan en explotación sexual.
Muchas de ellas son atraídas con ofertas de trabajo en el servicio doméstico, pero al llegar a Europa se ven forzadas a trabajar en burdeles para pagar una deuda supuestamente contraída por su traslado, deuda que nunca logran saldar.
Carmen Martínez-Raposo, responsable del programa contra la trata en Accem, subraya que las víctimas enfrentan una vulnerabilidad especial incluso dentro del sistema de acogida español. En Colombia, por ejemplo, solo un 4.5 % de las solicitudes de protección internacional fueron aprobadas el año pasado, lo que aumenta el riesgo de caer en redes de trata.
La organización apoya a las víctimas con asistencia jurídica y psicológica, ayuda en la búsqueda de empleo y alojamiento, y facilita los trámites burocráticos necesarios para su integración en España.
Además, destaca la importancia de ofrecer alternativas a estas mujeres para que puedan establecerse en el país de acogida, dado que el retorno voluntario es poco frecuente.
Las fuerzas de seguridad españolas colaboran estrechamente con organizaciones sociales y organismos internacionales como Interpol y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional para proteger a las víctimas y sus familias, y llevar a cabo investigaciones conjuntas con las autoridades de los países de origen.
NAM/EFE
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