«Esto está horrible. Es la anarquía total. Cali es una ciudad sin ley. Estamos bloqueados. Es muy difícil conseguir gasolina. Van como 60 bancos saqueados. El ministro de Defensa está aquí, pero no se nota. El hampa hace lo que quiere. Los asaltos a supermercados y entidades bancarias son el pan de cada día. La situación está miedosa», dijo a RFI un habitante de Cali, ciudad situada al sur-occidente de Colombia.
Oenegés y oposición han multiplicado acusaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante las protestas y disturbios, lo que el gobierno niega.
La policía de Cali informó que se han producido al menos 10 homicidios, al menos ocho por armas de fuego. Entre las víctimas hay un joven de 16 años, al parecer el individuo que aparece en un video, cuya veracidad fue confirmada por Human Rights Watch, golpeando a un policía que luego le dispara.
“La ciudad tiene todo el derecho a manifestarse y debe hacerlo de forma pacífica. Policía debe garantizar el respeto a los derechos humanos”, dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco en Twitter.
Un «tratamiento de guerra contra las manifestaciones”, denuncio por su parte la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías. En rueda de prensa, la ONG aseguró haber recibido 14 reportes de personas que han fallecido en medio de las protestas. Entre las víctimas señaladas por esta organización se hallan dos menores, los cuales fallecieron el pasado 28 de abril «producto de las balas que disparan la Policía y la fuerza pública».
Por su parte, la organización Temblores contabilizó al menos 10 muertes producto de la violencia policial, 68 víctimas de violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 8 personas que recibieron agresión en sus ojos y 18 casos de disparos de armas de fuego perpetrados por la fuerza pública.
El ministro de Defensa, Diego Molano, había informado sobre la llegada de unos 3.000 soldados y policías a Cali. En la urbe, capital del Valle del Cauca de 2,2 millones de habitantes, los desmanes son orquestados por «organizaciones criminales» entre las que se encuentran disidencias que se apartaron del pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016, había dicho también el ministro.
NAM – AFP
