El juego político está abierto y a alguien le darán jaque. Tras darse a conocer la noticia de que el gobierno de Donald Trump congeló todos los activos de 13 funcionarios venezolanos y le prohibió a todo estadounidense hacer transacciones con los sancionados, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras los afectados renegaron del hecho o permanecieron en silencio, la mayoría de la opinión pública venezolana celebró la medida. Aunque lo mejor (o lo peor) de este hecho aún está por venir.
Entre los “castigados” por la administración Trump se encuentran el actual ministro del Interior, Néstor Reverol; el exvicepresidente y exministro de Exteriores Elías Jaua; el exvicecanciller y exministro de Comercio Alejandro Fleming; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el defensor del pueblo, Tarek William Saab; la exministra de prisiones, Iris Varela; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena; el director de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda; el comandante de la Guardia Nacional, Sergio Rivero Marcano; el comandante de las Fuerzas Armadas, Jesús Suárez Chourio; el ex- director de la Policía Nacional, Franklin García Duque; presidente de Cencoex, Rocco Albisinni Serrano; al vicepresidente de finanzas de Pdvsa, Simón Zerpa Delgado y al ex tesorero de la nación, Carlos Erick Malpica.
La medida tomada por el Departamento del Tesoro de EEUU fue ejecutada mediante un documento justo antes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario estadounidense, Donald Trump, se aseguró que, de seguir en pie esta propuesta para reformar la Constitución venezolana, le agregarían más funcionarios a la lista roja y no precisamente por “chavistas”.
Ahora, estas sanciones impulsadas por petición de dos senadores relevantes de la comunidad hispana como Bob Menéndez y Marco Rubio, demócrata y republicano, respectivamente; transformaría el significado y el impacto de esta medida en Venezuela en comparación a las tomadas por Barack Obama en 2015; así lo aseguraron los expertos consultados por Caraota Investiga.
El nueve de marzo de 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva en la que declaró “una emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación de Venezuela. Asimismo, sancionó a siete funcionarios por violar los derechos humanos y cometer actos de corrupción.
Este comunicado contra los seguidores del mandatario, Nicolás Maduro, generó una agresiva campaña en Venezuela: Gringos Go Home, como una medida para que “no se entrometieran en los asuntos internos”. Dos años más tarde: la orden norteamericana no solo se ratifica –ahora a través de un nuevo mandatario- sino que se refuerza y aumenta la cantidad de dirigentes políticos incriminados por actos vandálicos.
NV1/Caraota Digital
