Un reciente análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), con sede en la Universidad de Syracuse, indica que la gran mayoría de los procesos iniciados por el gobierno federal ante la Corte de Inmigración no involucran delitos penales.
Y es que destaca que durante el primer trimestre del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, apenas el 1.64% de los 130.642 nuevos casos presentados ante la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR) incluyeron acusaciones de actividad delictiva más allá de la posible entrada irregular al país. En otras palabras, el 98.4% de los expedientes no registran antecedentes criminales.
Gobierno defiende política de “tolerancia cero”
Pese a estas cifras, el gobierno del presidente Donald Trump ha reiterado que sus operativos migratorios se centran en extranjeros con historial criminal o con órdenes finales de deportación.
El llamado “zar” fronterizo, Tom Homan, declaró que, para el gobierno, cualquier persona que infrinja la ley migratoria “es considerada un criminal”.
Sin embargo, bajo la legislación vigente, la permanencia indocumentada constituye una infracción de carácter civil, no penal, razón por la cual estos casos se procesan en tribunales administrativos y no en cortes criminales.
Récord histórico de casos pendientes
El informe también detalla que, al cierre de diciembre de 2025, la EOIR acumulaba 3.38 millones de casos activos, la cifra más alta en la historia de esta dependencia adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el mismo periodo analizado, los tribunales completaron 193,858 casos, superando el número de nuevos ingresos. Aunque el ritmo de resoluciones ha aumentado, el atraso sigue siendo histórico.
Asilo: la mayor carga de trabajo
De los 3.38 millones de expedientes pendientes, 2.34 millones corresponden a personas en proceso de deportación que pueden solicitar asilo como defensa ante un juez de inmigración. Estos casos se conocen como asilos “defensivos”, ya que se presentan dentro de un procedimiento de expulsión.
Paralelamente, la Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reportaba más de 1.5 millones de solicitudes de asilo “afirmativo” acumuladas hasta finales de junio del año pasado, es decir, trámites iniciados directamente ante la agencia y no ante un juez.
USCIS, además, enfrenta un volumen total de más de 10 millones de casos pendientes en distintas categorías migratorias, sin que hasta ahora se hayan anunciado programas de gran escala para reducir el rezago y agilizar los procesos.
Las cifras del TRAC reavivan el debate sobre el enfoque de la política migratoria y el perfil real de las personas que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos.
NAM – La Opinión
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