Uno de los mecanismos auxiliares que podía mitigar la grave crisis social que se vive en el estado más poblado del país, Zulia, ha quedado disuelto por la inviabilidad financiera de su ejecución.
Y es que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció este jueves que buscan alternativas para paliar esa crisis de suministro eléctrico en Zulia y otros estados que sean más rápidas y sin endeudar al país, por lo cual han congelado la idea de recurrir a un financiamiento del banco de desarrollo de América Latina (CAF, antigua Corporación Andina de Fomento), reseñó la agencia Reuters.
Ahora el Parlamento, que está sumido en un bloqueo institucional y político, podría buscar mecanismos alternativos para captar financiamientos a bajas tasas de interés y con condiciones más flexibles, además de que pueda tener métodos de verificación y auditoría más estrictos para evitar que la administración de ese crédito sea controlada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Esa propuesta inicial de la CAF implicaba 350 millones de dólares en financiamiento ejecutados por Naciones Unidas. El plan fue ampliamente criticado por ser sectores de oposición, especialmente Primero Justicia y Voluntad Popular, por costoso y excesivamente beneficioso para la CAF, y generó preocupaciones de que el gobierno de Maduro finalmente tendría influencia sobre el uso de los fondos.
“Hay mecanismos alternativos sin endeudar al país, a menor costo”, dijo Guaidó, sin dar detalles de cuáles serían esas fórmulas.
La propuesta de financiamiento de la CAF dependía del visto bueno del Parlamento Nacional a la Ley Aprobatoria para el Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.
No se descarta que el Parlamento paralelo asaltado y conformado de manera ilícita con una junta directiva designada por el chavismo busque captar recursos de los aliados financieros de Maduro; Rusia y China para aprobarlos en esa instancia o en la Constituyente y así administrar capitales dirigidos a las gobernaciones oficialistas de Zulia y Miranda.
Se trata de un crédito por 350 millones de dólares para atender cuatro estados; Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Miranda. En el caso del Zulia la inversión llega a 230 millones de dólares, en el caso de Táchira está alrededor de 64 millones de dólares, Nueva Esparta con 15 millones de dólares y Miranda unos $ 13 millones.
La propuesta suponía, además, que la administración de los recursos corrían por cuenta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
El proceso administrativo y legislativo de ese trámite fue bloqueado y ahora cesado por la decisión de Guaidó en el marco de su fuero parlamentario como presidente legítimo de la AN, pero hasta ahora no ha habido reacción por parte del gobierno de Maduro y su Parlamento paralelo encabezado por el cuestionado diputado Luis Parra, presidente de facto de la AN en disputa con Guaidó.
Ricardo Serrano
