La muerte de Lucca, un niño venezolano de 4 años de edad, destapó un caso de extrema violencia infantil en España. El medio español El País indicó que el menor presentaba múltiples signos de maltrato físico y abuso sexual, y su muerte se produjo tras una agresión que le causó lesiones internas mortales.
El cuerpo del niño fue localizado en un búnker de la playa de Garrucha, durante la noche del pasado 3 de diciembre por agentes de la Guardia Civil, junto a una vela encendida.
La investigación judicial apunta a un delito de asesinato y otro de maltrato habitual, como se menciona en el auto del juez Víctor Valdivia, titular del juzgado de instrucción número 4 de Vera, citado por El País.
Por estos hechos, el juez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la madre del menor, Bárbara Bravo Ochoa, de 21 años de edad y con 5 meses de embarazo, y para su pareja Juan David Rivera Cadena, de 25, ambos de nacionalidad venezolana.
El caso de Lucca, violencia prolongada
De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio español, Lucca nació en Caracas en mayo de 2021 y llegó a España hace dos años junto a su madre. Tras un periodo de residencia en la provincia de Guadalajara, ambos se trasladaron a Garrucha (Almería), donde se reunieron con Juan David Rivera Cadena en junio pasado.
Familiares del niño relataron que, desde la llegada del hombre, el menor comenzó a mostrar signos visibles de deterioro físico: pérdida de peso, ojeras, hematomas, quemaduras y fracturas. Fotografías y videos conservados por una tía abuela del menor documentan esa evolución, detalla El País.
La familia sostiene que el niño sufrió agresiones reiteradas a plena vista de terceros. Incluso circula un video, grabado por un vecino, en el que se observa cómo el agresor lanza al niño contra el suelo en un sitio público, sin que nadie intervenga.
Alertas sin respuesta efectiva
La tía abuela, indicó El País, acudió el 27 de noviembre al cuartel de la Guardia Civil de Garrucha para expresar su preocupación por el estado del niño y pedir que se comprobara su situación. La mujer aseguró no querer denunciar formalmente, pero sí solicitó una intervención preventiva.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía indicó que se había iniciado un seguimiento por parte de los Servicios Sociales Comunitarios tras una intervención previa en octubre, aunque no se llegó a emitir un informe psicosocial que permitiera solicitar la retirada del menor.
La Junta de Andalucía afirmó posteriormente que no existía constancia de ningún expediente abierto sobre el niño, mientras que la Delegación del Gobierno negó fallos institucionales.
Juan David Rivera, agresor de Lucca | Foto: Juan David Rivera / Facebook
