El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional la nueva Ley Orgánica de Minas, sancionada el pasado 9 de abril por la Asamblea Nacional (AN), bajo lo estipulado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el artículo 25, numeral 14, de la Ley Orgánica del TSJ.
La Ley, aprobada por unanimidad en el parlamento nacional, forma parte de una reforma orientada a actualizar la legislación minera, donde diputadas y diputados respaldaron el instrumento legal tras un período de consultas públicas con sectores vinculados a la actividad, para modernizar el marco normativo y fortalecer la administración de los recursos minerales.
Según lo divulgado por diversos medios de comunicación locales y nacionales, el texto fue remitido posteriormente al TSJ para su revisión, paso requerido antes de su promulgación definitiva y publicación en Gaceta Oficial.
La nueva legislación fue diseñada para modernizar, regular y potenciar la actividad minera en todo el territorio nacional, así como para impulsar el desarrollo económico y soberano de la República.
La norma tiene como principio fundamental la ratificación de la República de poseer el derecho exclusivo sobre los yacimientos. La gestión y rectoría quedan en manos del Ejecutivo nacional, a través del ministerio con competencia en minas.
Asimismo, define la participación de empresas del Estado y mixtas (donde la República mantenga el control mayoritario del 50%), hasta empresas privadas autorizadas, brigadas mineras artesanales y mineros individuales.
NAM – Ciudad CCS
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