María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de Ecuador, renunció este martes a su cargo, luego de recibir una denuncia por presunta corrupción relacionada con el cobro ilegal de donaciones a uno de sus exasesores, hecho que se realizó cuando era legisladora entre los años 2011 y 2013.
Vicuña aseguró desde en su Twitter que no se prestará para que las presunciones en su contra sean utilizadas para crear un ambiente de inestabilidad en el gobierno ecuatoriano o de rumores que apuntan hasta la posibilidad de que renuncie el presidente Lenín Moreno.
“El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna”, escribió la dirigente en la red social.
Aseveró que su decisión tiene el objetivo de contribuir a la paz social y enfatizó en que toda acción que ejerce tiene el propósito de beneficiar a los ciudadanos del país.
El anuncio sobre su renuncia se dio un día después de que el presidente Moreno la eximiera de las funciones como vicepresidenta y luego de que ella negara que iba a dimitir.
“He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencia a su derecho a la legítima defensa”, anunció este lunes Moreno, quien no se ha pronunciado aún sobre la decisión de su compañera en el poder.
El caso en el que se ha visto involucrada la vicepresidenta obedece a la denuncia hecha hace una semana por un canal de televisión, que recogió una declaración ante notario del ex asesor Ángel Sagbay sobre el pago de contribuciones a Vicuña, dirigidas a su grupo político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
En una entrevista que le otorgó a la agencia de noticias Efe este viernes, la vicepresidenta confirmó los depósitos pero negó, como aseguró Sagbay en su declaración, que estos hubieran sido condición para llegar al cargo o siquiera permanecer en él.
Y consideró que detrás de la trama podía haber «interesados» en su cargo dentro del propio Gobierno de Moreno.
A raíz de la denuncia, la Fiscalía inició las investigaciones sobre las alegaciones del ex asesor y la Asamblea Nacional pidió su renuncia en una declaración más política que legal.
NAM/Agencias
