Cerca de 9.000 personas y algunas entidades jurídicas han presentando alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) como «víctimas del gobierno venezolano», informó este viernes el abogado Juan Carlos Gutiérrez, que representa a 562 de ellas.
En una conferencia de prensa en Madrid, se refirió a la investigación que ha ordenado la Fiscalía de la CPI sobre las denuncias, algunas de organizaciones internacionales, que acusan a los responsables del gobierno de «crímenes de lesa humanidad», y a la que se oponen las autoridades venezolanas.
El Estado venezolano, según el abogado, ha actuado de una manera «maliciosa» para «dilatar» el desarrollo del procedimiento con peticiones «improcedentes» desde el punto de vista legal y con el argumento de que es la Justicia de ese país la pertinente para investigar los casos denunciados.
Sin embargo, la Fiscalía cree que ella es la competente, según el venezolano Gutiérrez, que argumentó que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de cualquier «seguridad y credibilidad» para proteger a la víctimas, sino todo lo contrario.
El Gobierno ha pedido que se suspenda la investigación, de manera que los jueces de la sala de cuestiones preliminares tienen que dirimir la posibilidad de que esta investigación continúe.
A petición de los jueces, explicó, se convocó una consulta a todos aquellos que se consideran víctimas para manifestarlo ante la CPI. En total, se presentaron 1.875 formularios que identifican a 8.900 personas, incluidas 630 familias.
«Toda esta carga argumentativa y carga probatoria ya está en manos de los jueces de la CPI, y en cualquier momento esperamos… que durante el transcurso de este año, los jueces de la CPI tienen que tomar una determinación», comentó el abogado.
O bien ordenan que la Fiscalía continúe la investigación o la sala de cuestiones preliminares decide que «prime el principio de la complementariedad positiva» y le dé una oportunidad al sistema de Justicia venezolano para que «cumpla con su deber», algo que Gutiérrez cuestionó absolutamente.
Junto a él, el opositor Leopoldo López, exiliado en España, aseguró que cientos de esas víctimas se encuentran aquí y es «muy relevante» que se escuchen esas voces porque muchas veces se piensa que ya en Venezuela la situación se arregló.
Fueron casos «de persecución de presos políticos, de tortura y de asesinato por parte del gobierno de Nicolás Maduro».
Por ello, esa justicia «no se puede conseguir en Venezuela» porque es «imposible» que haya «ningún tipo de procedimiento que no esté manipulado políticamente», tanto la Fiscalía como los tribunales «a todos los niveles». Y toda la estructura judicial «está tomada cooptada por la dictadura y, por supuesto, todos los órganos represivos», enfatizó.
NAM/EFE
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