Un día después de que un millón de personas se manifestaran en las calles de Hong Kong contra los cambios propuestos a la ley de extradición, la jefa del ejecutivo autónomo, Carrie Lam, ha insistido en que no importa cuánta gente proteste: mantendrá, pase lo que pase, el proyecto de ley que por primera vez permitirá a la excolonia británica entregar fugitivos a China.
La concentración del domingo fue una de las mayores, si no la mayor, en la historia hongkonesa. Uno de cada siete residentes, según los organizadores, participó en una concentración que colapsó durante horas el centro de la ciudad. No se recordaba nada igual desde que otro millón de personas se echó a las calles en 1989, inmediatamente después de la sangrienta disolución de las manifestaciones de Tiananmen, para condenar el baño de sangre.
Aunque pacífica en su desarrollo, al término de la protesta de este domingo se produjeron altercados entre algunos manifestantes que pretendían bloquear los accesos a la sede del legislativo autónomo y la Policía.
En esta ocasión, los participantes reclamaban la retirada de una propuesta de ley que -temen- asestará un golpe mortal al principio “un país, dos sistemas” que garantiza al territorio autónomo libertades que no existen en la China continental. Una propuesta de ley que, según aseguran, dará vía libre a Pekín -cada vez más presente en la vida pública de la antigua colonia- para la persecución política contra cualquier voz crítica. La oposición a la medida ha conseguido unir a círculos habitualmente tan dispares como estudiantes, abogados, periodistas y empresarios.
En una rueda de prensa, Lam reconoció que las dimensiones de la manifestación prueban que la ciudadanía mantiene su preocupación en torno al proyecto de ley. Pero sostuvo también que esas dudas surgen simplemente porque el público no entiende el texto. En la manifestación, sin embargo, participaron prominentes juristas.
El tamaño de la manifestación “claramente demuestra que los derechos y libertades son tan fuertes como siempre” en Hong Kong, aseguró la jefa del ejecutivo autónomo, cuya dimisión fue una de las reclamaciones más coreadas en la concentración del domingo.
Lam, nombrada hace dos años por un panel de notables, la mayoría con vínculos con Pekín, como el resto de los ministros principales hongkoneses desde la vuelta a la soberanía china en 1997, insistió en que el propósito de las enmiendas que se someterán a votación este miércoles es, simplemente, cerrar un vacío legal. Hasta ahora, Hong Kong solo puede entregar a sospechosos a los países con los que mantenga un acuerdo de extradición. El resto de las peticiones se examinan caso por caso.
En 2015, los residentes de Hong Kong vieron sacudido su sentimiento de seguridad cuando trascendió que agentes de los servicios de seguridad chinos habían detenido y se llevaron clandestinamente al otro lado de la frontera, para dejarlos bajo custodia china, a cinco libreros que publicaban obras críticas contra el régimen chino. El caso se repitió dos años más tarde, cuando el millonario Xiao Jianhua fue secuestrado en un hotel de lujo en la excolonia.
Lam insistió en que el proyecto de ley se ha presentado por iniciativa de su gobierno. “No ha sido iniciado por el Gobierno central (chino). No he recibido instrucciones suyas”. La jefa del ejecutivo insistió en que no retirará la propuesta: “Hong Kong tiene que seguir adelante, nadie quiere que Hong Kong sea un refugio para criminales fugitivos”. Sí apuntó que contemplará algunas de las medidas propuestas por partidos cercanos al gobierno tras las protestas del domingo, y que incluyen el compromiso de presentar informes periódicos al legislativo autónomo sobre la aplicación de la ley.
La manifestación del domingo, en la que según la Policía hongkonesa participaron 240.000 personas, brillaba este lunes por su ausencia en los medios de la China continental. El periódico China Daily publicaba en un editorial que “fuerzas extranjeras” tratan de sembrar el caos en Hong Kong para, con ello, perjudicar a China. “Cualquier persona neutral consideraría el proyecto de ley una medida legislativa legítima, sensata y razonable que fortalecería el Estado de derecho en Hong Kong y garantizaría la justicia”, ha sostenido.
El País
