El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció un crudo y detallado balance sobre las distorsiones del sistema carcelario del país. Al profundizar en las líneas estratégicas de la «Revolución Judicial» este miércoles 10 de junio de 2026, el alto funcionario ordenó un abordaje inmediato, expediente por expediente, para subsanar los severos retrasos procesales y las condiciones de hacinamiento en los centros de reclusión temporal.
Cabello fundamentó el despliegue citando textualmente el artículo 44 de la Constitución de la República, recordando de manera tajante que la libertad personal es inviolable. Enfatizó que nadie puede ser arrestado sin una orden judicial previa —salvo en flagrante delito— y que todo ciudadano detenido debe ser presentado ante un tribunal en un lapso no mayor a las 48 horas, bajo la premisa constitucional de ser juzgado en libertad a menos que existan las excepciones estrictas de la ley.
«Libertad no significa impunidad», aclaró de inmediato el ministro. «Una persona puede seguir siendo procesada bajo régimen de presentación periódica cada 15 o 30 días, o con la medida sustitutiva que determine el juez. Lo medular aquí es erradicar el abandono institucional, la mora procesal y las detenciones prolongadas sin una respuesta jurídica clara».
Radiografía de la crisis: Miles de ciudadanos sin condena firme
Uno de los puntos más críticos y alarmantes expuestos por el titular de la cartera de interiores fue la data estadística del rezago en los tribunales del país. Reveló que actualmente coexisten más de 12.400 personas privadas de libertad que no cuentan con una sentencia definitiva.
La segmentación del rezago judicial expone realidades alarmantes:
La gran mayoría de este universo de reclusos acumula entre 2 y 5 años esperando una decisión de su caso.
En el extremo más severo de la mora legal, se detectaron 183 personas que llevan 10 años o más detenidas de forma preventiva sin recibir una sentencia. Cabello exigió priorizar y revisar estos casos con urgencia extrema.
Radiografía del hacinamiento: El caso de la «Zona 7» y El Helicoide
El ministro ilustró la gravedad de la crisis estructural citando ejemplos concretos de centros de detención preventiva. Mencionó de forma alarmante la situación de la denominada «Zona 7» (en Boleíta), un espacio originalmente diseñado para albergar transitoriamente a unas 35 personas, pero que llegó a registrar una población flotante de alrededor de 1.200 detenidos, convirtiéndose en un foco crítico de hacinamiento.
Asimismo, se refirió a centros de reclusión que han estado bajo el escrutinio público, como el complejo de El Helicoide en Caracas, señalando la necesidad institucional de ingresar, auditar y transformar esas realidades concretas sobre el terreno, alejando la discusión de la manipulación política internacional.
Como parte de este plan de saneamiento, Cabello ordenó recabar el estatus de salud de la población penal. Cada interno deberá contar con una planilla técnica que unifique su situación procesal y sus condiciones médicas, disponiendo que todo recluso enfermo reciba atención de emergencia inmediata.
Ordenamiento de centros formales y comandos policiales
La reingeniería del sistema también tocará los penales tradicionales. El despacho del Ministerio de Relaciones Interiores identificó múltiples irregularidades logísticas: personas que ya cumplieron la totalidad de sus penas y siguen tras las rejas, reclusos con cómputos de redención de pena pendientes por registrar y ciudadanos ya condenados que permanecen en comandos policiales locales cuando deberían estar en cárceles nacionales.
«Quien tenga derecho a un beneficio procesal legal debe ser evaluado de inmediato, y quien ya fue formalmente condenado tiene que estar en el centro penitenciario correspondiente, no restando espacio ni seguridad en los comandos de las policías municipales o estadales», sentenció.
Convocatoria abierta a la oposición y devolución de espacios
En un gesto político inusual, Cabello hizo un llamado público a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, incluyendo formalmente a los parlamentarios de las fracciones de la oposición, para que se sumen activamente a los equipos de inspección en las regiones. «Una cosa es declarar desde lejos, cómodamente, y otra muy distinta es entrar a los calabozos, revisar los expedientes con los familiares y asumir responsabilidades» exhortó.
Finalmente, el ministro anunció una medida de impacto comunitario: informó que un coliseo deportivo de la capital que venía siendo desnaturalizado y utilizado de manera irregular como un gran espacio improvisado de detención temporal, será desocupado y recuperado por el Estado para ser devuelto en los próximos días como centro recreativo al servicio del pueblo.
NAM-Agencias
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