En un contexto de aislamiento internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro por la preocupación mundial que, al menos en toda la mancomunidad de naciones democráticas occidentales, se percibe con respecto a la crisis económica y social de Venezuela, este martes el Estado venezolano le prohibió la entrada al país al equipo de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Y aunque la CIDH ni siquiera se acercó a territorio venezolano, el Gobierno ya tenía premeditada su decisión de impedir que los funcionarios entraran al país.
«Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país», denunció el organismo en su cuenta oficial en Twitter.
Copa Airlines es una aerolínea panameña que a pesar de la crisis aún opera en Venezuela y es acreedor de una gruesa deuda que el Estado contrajo con la compañía, por lo cual ese nexo pudo haber sido la razón que llevó al gobierno de Maduro a ordenarle a esa línea aérea que abordaran el avión que los iba a trasladar hacia Venezuela.
Si la CIDH ingresaba al país, su agenda hubiese comenzado este martes con una reunión de las misiones diplomáticas de la Unión Europea en Venezuela. El miércoles 5 de febrero continuaba con una visita al Hospital de Niños J.M. de los Ríos y a la Maternidad Concepción Palacios. El jueves, además de ampliar la información sobre los riesgos que corre la autonomía universitaria, la CIDH esperaba conversar con los asilados en lugares diplomáticos. El viernes, además de encontrarse con los obispos, los comisionados planificaban ingresar a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dggcim).
Sin embargo, esa agenda quedó suspendida debido a la política del Estado controlado por Maduro de no ser objeto de escrutinio por parte de un organismo democrático internacional que su gobierno socialista no reconoce por presuntamente ser un apéndice diplomático regional de Estados Unidos en favor de la injerencia de Washington en los asuntos de Venezuela y otros países latinoamericanos no alineados con la política exterior norteamericana.
Este veto del gobierno venezolano sobre la CIDH constituye una violación a diversos tratados internacionales que Venezuela suscribió hace años para insertarse en la dinámica global de protección y salvaguarda de los derechos humanos.
No se descarta que esta acción del gobierno de Maduro genere consecuencias diplomáticas, tanto en la comunidad internacional como en el seno de la OEA y con algún posible pronunciamiento neutral de la ONU ante la crisis económica, social, migratoria y humanitaria que atraviesa Venezuela con la preocupación de larga data de las democracias de todo el mundo.
Sobre el gobierno de Nicolás Maduro pesan graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, torturas, asesinatos y tratos crueles mediante los cuerpos de inteligencia (Sebin) y contrainteligencia (DGCIM) hacia presos políticos y disidentes militares que se han sublevado contra su sistema de poder.
Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la #CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de #Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país. pic.twitter.com/a4CQ1z3vTu
— CIDH – IACHR (@CIDH) February 4, 2020
Ricardo Serrano
