La confrontación de poderes en el plano institucional y de control del Estado venezolano se acentúa cada vez más con las acciones políticas recíprocas ejecutan la Asamblea Nacional, enmarcada en el denominado gobierno interino de Juan Guaidó, y el gobierno nacional controlado por la administración de Nicolás Maduro.
Ahora la batalla es también en el campo jurídico, pues la Asamblea Nacional decidió este martes anular toda responsabilidad para el Estado que haya contraído el procurador general de la República designado por Nicolás Maduro; Reinaldo Muñoz Pedroza.
Y es que los diputados de la AN aprobaron hoy un acuerdo que establece que la representación judicial y extrajudicial de la República corresponde exclusivamente a José Ignacio Hernández, procurador especial designado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 55 países como presidente encargado de Venezuela.
En consecuencia, con esta medida administrativa-parlamentaria quedan sin efecto los contratos y poderes otorgados por Reinaldo Muñoz Pedroza, representante jurídico internacional del gobierno de Nicolás Maduro.
En medio del debate parlamentario, el diputado Macario González, denunció que “este individuo ha venido suscribiendo contratos en nombre de la República y no tiene la cualidad para hacerlo”.
“Ahí hay una primera ilegalidad y una incostitucionalidad, porque el contralor de la República es el designado por el presidente encargado Juan Guaidó, de manera que todo lo suscrito por este ciudadano, Reinaldo Muñoz Pedroza, es de absoluta nulidad con respecto a las obligaciones de la República”, sentenció González.
El conflicto se suscita porque el procurador Muñoz fue designado por Maduro y nunca recibió el reconocimiento de la Asamblea Nacional, como autoriza la Constitución, por lo cual realizó su gestión solo con el aval del Gobierno y suscribió contratos externos sin la aprobación legal del Parlamento.
El diputado solicitó a la comunidad internacional que sancione a estas empresas por negociar contratos valorados en más de 500 millones de dólares con el gobierno de Maduro de forma inconstitucional.
Esto implica que tanto el Gobierno como ese conjunto de empresas no solicitaron la aprobación del Parlamento venezolano, por lo cual no cuentan con el aval jurídico más importante que debe tener todo contrato, licitación o endeudamiento según la legislación del país; que es el de la Asamblea Nacional.
Además, el llamado gobierno interino de Guaidó ha advertido a la comunidad internacional que cualquier deuda o contrato realizado por el gobierno de Maduro no será reconocido por el Estado venezolano.
Es decir, el gobierno en disputa no podrá recibir ni otorgar adjudicaciones de obras, negociaciones financieras o transacciones con ninguno de los 55 países (todos del hemisferio occidental) que reconocen a Guaidó como representante del Estado venezolano. Esta situación ha obligado al gobierno de Maduro a sostenerse y oxigenarse financieramente solo con los fuertes soportes diplomáticos, económicos y comerciales de sus dos máximos aliados: Rusia y China.
Ricardo Serrano
