viernes 5 de junio de 2026

¡SEGÚN FRANCISCO RODRÍGUEZ! Maduro no puede renegociar la deuda externa de Venezuela

Para mantener su estructura de financiamiento y sostener todo su aparato de poder con capitales que oxigenen los procesos de pagos internos y obligaciones externas de su gobierno, Nicolás Maduro anunció ayer, lunes, que iniciaría una nueva renegociación de la deuda soberana de Venezuela.

Esta es la segunda ocasión en la que solicita una renegociación luego de que en 2017 intentara hacerla con los más de 400 tenedores de bonos de la República y PDVSA, pero no tuvo éxito debido a que los acreedores no aceptan las condiciones de pago que les plantea el equipo financiero de Maduro.

Y además, el mandatario nacional no tendría facultad para declarar y ejecutar un proceso de renegociación global de la deuda en esta ocasión tras su anuncio de ayer, pues según el economista Francisco Rodríguez, profesor de Harvard y ex director de la firma Torino Capital, Maduro no puede renegociar la deuda de la nación porque Estados Unidos no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela.

«Los bonos de la deuda pública venezolana fueron emitidos bajo ley de Nueva York. Por tanto, cualquier renegociación de deuda sólo la puede hacer el gobierno de Juan Guaidó (presidente de la AN) reconocido como legítimo por Estados Unidos. Una renegociación con Nicolás Maduro tiene validez legal», explicó el experto en su cuenta de Twitter.

Esto implica que, al haber sido emitidos esos bonos y ejecutadas esas transacciones en jurisdicción de Nueva York, y al haber sido aprobadas por el marco legal financiero del ordenamiento jurídico estadounidense, Maduro no puede solicitar renegociaciones ni transacciones de deuda debido a que los tribunales de Nueva York están sometidos a la jurisdicción legal del gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, reconoce a Guaidó como jefe ejecutivo o presidente interino legítimo de Venezuela, mas no a Maduro.

Esta limitación política le impide al equipo de Maduro tener jurisprudencia y legalidad para hacer cualquier transacción que suponga movilizar capitales de deuda pública venezolana.

NAM/Ricardo Serrano