Otra nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha salido a la luz pública y podría generar efectos políticos expansivos en todo el país incluso desde el seno de la máxima casa de estudios venezolana. Y es que el Poder Judicial ordenó este martes que se efectúen nuevas elecciones internas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en La Universidad del Zulia y estableció las pautas para efectuar las elecciones de las autoridades universitarias del resto del país -ocho en total- con el período académico vencido.
Asimismo, la sentencia N°0324-2019 de la Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, decreta cautelarmente un régimen transitorio, hasta que se resuelva, en sentencia definitiva, la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, a los fines de elegir a las autoridades universitarias de la UCV, así como para la celebración de las elecciones de las autoridades universitarias en el resto de las casas de estudios superiores del país, en un plazo de seis meses.
Asimismo, ordena que “el Registro Electoral garantice la “igualdad” de los electores. Esto significa que el voto de estudiantes, profesores, egresados, personales administrativo y obrero tenga el mismo valor”.
Con esa paridad de valor electoral, el sistema se condiciona en un 1:1 para cada sufragio, es decir, el voto no es proporcional sino equitativo, lo cual permite que tenga la misma importancia el voto de un obrero que el de un profesor para escoger un determinado número de autoridades universitarias.
De acuerdo a la información publicada en Twitter por el periodista Eugenio Martínez, “se ordena dividir a los electores en cinco grupos (autoridades, estudiantes, obreros, etc). Según TSJ para ser electo autoridad de la UCV se necesita ganar en 3 de los 5 sectores y a su vez capitalizar, al menos, la mitad de todos los votos de los cinco sectores”.
Hasta ahora no se ha pronunciado la actual rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, quien podría no optar a la reelección. De hecho, la UCV es la principal casa de estudios en oponerse políticamente al gobierno de Nicolás Maduro, lo cual quedaría en entredicho si decide acatar la sentencia del TSJ y efectúa esas elecciones.
El principal elemento jurídico que rige la transparencia de los procesos electorales en las universidades venezolanas es el principio de la autonomía universitaria, estipulado en la Constitución de la República y en la Ley de Universidades.
En febrero de 2017, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió las elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV) por disturbios y violencia interna generada durante el proceso.
La sentencia también ordena la publicación del fallo en la Gaceta Oficial y Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, así como notificar al Consejo Nacional de Universidades, para que realice la debida divulgación de su contenido a todas las universidades del país, y proceda a fijar el cronograma para la realización de las elecciones de las demás universidades nacionales, distintas a la UCV.
El recurso de nulidad del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación fue solicitado a nombre de los rectores de la Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, Universidad Simón Bolívar, Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” y la Universidad Católica Andrés Bello.
TSJ ordena realizar nuevas elecciones en la UCV en un plazo de seis meses. También ordena que el Registro Electoral garantice la "igualdad" de los electores. Esto significa que el voto de estudiantes, profesores, egresados, personales administrativo y obrero tenga el mismo valor
— Eugenio G. Martínez (@puzkas) August 27, 2019
NAM/Ricardo Serrano
