En pleno litigio de la empresa minera canadiense Crystallex contra PDVSA por una expropiación que hizo el gobierno de Chávez en 2002 y que ahora la compañía demandante cobra con $1.400 millones que Venezuela no pagó y un tribunal autorizó a Crystallex a embargar la filial Citgo, ahora otro tribunal se pronunció, pero esta vez a favor de PDVSA.
Y es que Un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional desestimó el viernes un reclamo de la petrolera estadounidense ConocoPhillips por 1.500 millones de dólares contra la estatal venezolana PDVSA, de acuerdo a una copia del documento judicial que obtuvo Reuters el viernes, reseñó la agencia.
Esa deuda se produjo por el incumplimiento de PDVSA con Conoco por servicios de flete que la compañía estadounidense le prestó a la estatal venezolana. Conoco de hecho amenazó con embargar tanqueros de PDVSA, pero esa medida fue bloqueada por la justicia norteamericana.
La estatal solo tendría que pagar un remanente de 33,7 millones de dólares de un préstamo otorgado por Conoco a la filial de la compañía venezolana, CVP, en comparación con el reclamo original, luego de que Venezuela terminó con un contrato del proyecto costa afuera conocido como Corocoro, según Reuters.
El caso Conoco contra Venezuela considera dos demandas separadas, una introducida ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por la ruptura anticipada de cada uno de los contratos de asociación entre PDVSA y Conoco. El litigio entre ambas empresas petroleras surgió debido a que PDVSA no manejó las relaciones contractuales adecuadamente con Conoco como se había estipulado sobre el papel inicialmente, aunado a la crisis financiera de la estatal venezolana, los impagos se hicieron progresivos y en cadena afectando el patrimonio de Conoco.
La otra demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, que va al fondo de la expropiación de los activos de Conoco en Venezuela en el 2007.
El laudo final del caso Conoco contra Venezuela ante el Ciadi salió en marzo por casi 9.000 millones de dólares, pero no se ha hecho pago alguno porque Venezuela solicitó su anulación, según el documento al que tuvo acceso Reuters.
Esto implica que si PDVSA se ve obligada a hacer ese pago en que caso de que no prospere el recurso de nulidad introducido por el gobierno venezolano, podría perder al menos un 30% de sus fondos remanentes en su mermado flujo de caja por la caída de la producción y las sanciones financieras de Estados Unidos.
José Ignacio Hernández, designado como el principal representante legal por Juan Guaidó, presidente de la AN en el extranjero, busca anular ese laudo, argumentando que la metodología para determinar la compensación era “errónea”.
NAM/Reuters/Ricardo Serrano
