Convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, declarar la independencia o mantener el statu quo: los puertorriqueños votan este domingo en un plebiscito no vinculante sobre el futuro político de esa isla en bancarrota.
Unos 2,2 millones de ciudadanos están habilitados para la consulta convocada por el gobernador Pedro Rosselló, boicoteada por sus opositores. Puerto Rico es una isla caribeña que Estados Unidos arrebató a España en 1898. En 1952 Washington le confirió el estatuto de «estado libre asociado», lo cual le da algunos derechos en Estados Unidos, como el de la ciudadanía y libre tránsito y también cierta autonomía.
Puerto Rico lleva una década con su economía en caída. La isla vivía de grandes empresas que se instalaban atraídas por las exenciones de impuestos, pero esos beneficios fueron abolidos en 2006 y comenzó el descenso.
Hoy el 46% de sus 3,5 millones de habitantes vive en la pobreza. La isla está diezmada por una deuda de más de 70.000 millones de dólares que no puede honrar y el mes pasado cayó en la mayor quiebra de una entidad estadounidense.
Washington pasó a supervisar sus finanzas pero no muestra disposición a rescatar a Puerto Rico, entre otras cosas porque no es propiamente un estado de la Unión. Rosselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), proclama la «estadidad», que implica sumarse plenamente a Estados Unidos y quedar en pie de igualdad con los demás estados.
Roselló promueve la «estadidad» porque «la inyección de dinero de parte del gobierno federal resolvería la crisis económica», dijo a la AFP Edwin Meléndez, director del Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad Hunter de Nueva York, pero «la mitad de la población, o más, piensa que esto no ocurrirá porque el Congreso es reticente a entregar más dinero», explicó.
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