La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió este lunes su tercer caso para investigar los “falsos positivos”, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
El organismo priorizó esta investigación por “la gravedad y magnitud del fenómeno, por su extensión en el territorio nacional” y por “el número y representatividad de los presuntos responsables”, informó la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), Catalina Díaz, en una rueda de prensa en Bogotá.
El proceso llevará ante el tribunal a 1.944 miembros de la fuerza pública que ya han manifestado su voluntad de comparecer ante la JEP, relacionados con 2.586 casos de “falsos positivos”, aunque la Sala no descarta ampliar el número de comparecientes a medida que avance el caso.
La JEP, el organismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, usará como base informativa el informe que recibió de la Fiscalía sobre estos hechos, que registraba 2.200 “falsos positivos” entre 1988 y 2014.
Este informe determinó que el fenómeno “se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008”, los años en los que se concentran el 59,3 % de los casos.
El comandante del Ejército en ese periodo, general retirado Mario Montoya, decidió someterse a la JEP la semana pasada, según anunció ese tribunal.
Según la JEP, las divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército “concentran cerca del 60 % de los casos”.
“En estas unidades están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar”, aseguró el magistrado Óscar Parra.
A partir de hoy se abre la etapa para conocer las versiones de los militares y otros integrantes de la fuerza pública, por lo que se prevé que en las próximas semanas la JEP llame a comparecer a los primeros involucrados.
Este es el tercer caso abierto por el organismo de justicia transicional, después de haber comenzado las investigaciones sobre los secuestros perpetrados por las FARC en el caso 001 y la violencia del contra la población mayoritariamente indígena de tres municipios del suroeste del país en el caso 002.
NAM/ EFE
