Policías antimotines buscaban este miércoles restablecer el orden en ciudades del Caribe de Nicaragua, donde comunidades indígenas y opositores realizaban protestas contra el «robo» las municipales del domingo a manos del oficialismo, que habrían dejado siete muertos, aunque las autoridades solo reconocen cinco.
En los comicios del domingo, el gobernante Frente Sandinista (FSLN) ganó 135 de las 153 alcaldías en disputa, lo que generó protestas de grupos rivales y actos de violencia en 13 municipios del país, que -según la policía- dejaron cinco muertos, 67 lesionados, nueve viviendas y dos oficinas de gobierno incendiadas.
La policía acusa a los partidarios del partido miskito Yatama de protagonizar el lunes y martes «graves alteraciones públicas» en Corn Island, los municipios de Laguna de Perlas y Bilwi.
Según Yatama, tuvieron dos muertos en Bilwi, dos En Sandy Bay (Caribe), en tanto el Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) dijo contar con dos fallecidos en Yalí (norte), y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) denunció un muerto en uno en Wiwili (norte).
– Patrullaje –
En Biliwi «hay un montón de policías» para aplacar las protestas, dijo a la AFP una de las dirigentes del partido miskito Yatama, la diputada Elizabeth Henríquez.
Los policías patrullaban las calles y resguardaban lugares de importancia para poner orden en la ciudad y tras dos días de disturbios, algunos comercios comenzaron a funcionar y algunos pescadores volvían a hacerse a la mar, confió una fuente de la zona a la AFP.
Las manifestaciones comenzaron el lunes cuando cientos de simpatizantes de Yatama, (madre tierra en lengua miskita) salieron a protestar contra los resultados electorales de manera violenta por las principales calles de Bilwi, una remota ciudad de más de 50.000 habitantes ubicada en la costa norte del país.
Los «activistas de Yatama saquearon las tiendas» en el centro, «quemaron dos oficinas del Ministerio Agropecuario y Forestal, así como dos emisoras y ocasionaron lesiones a 25 personas», había denunciado el martes el subdirector de la policía nacional Francisco Díaz.
Los seguidores de Yatama, por su parte, afirman que la policía los atacó con gases lacrimógenos cuando protestaban para exigir un recuento de los votos.
En las elecciones de 2012 Yatama había ganado tres alcaldías en el Caribe, y este año ninguna, pese a ser la etnia mayoritaria.
Los influyentes líderes religiosos de las iglesias Morava, protestante, Bautista, evangélica y católica de la zona, por su parte, llamaron a la calma y al diálogo para evitar más conflictos.
El opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) se solidarizó con familiares de las víctimas y acusó directamente al presidente Daniel Ortega como «responsable de las siete muertes, de toda la violencia en la costa Caribe y de la persecución de que son víctimas muchos ciudadanos».
El FAD -que reúne a partidos y organizaciones opositoras de distinto signo (la principal de ellas es el disidente Movimiento Sandinista de Renovación (MRS), de Sergio Ramírez) a la que el gobierno quitó la personería jurídica- no concurrió a los comicios alegando falta de condiciones y transparencia en el proceso.
Asimismo, atribuyó la violencia tras los comicios a «repetidos fraudes electorales y a la desesperación de comunidades que se sienten estafados».
El Caribe nicaragüense es una región pobre que en 1979 apoyó el triunfo de la revolución sandinista, pero al poco tiempo entraron en conflicto con ella por tratar de imponer un modelo socialista que marginaba su cultura, su lengua y formas ancestrales de organización.
El choque cultural y político originó conflictos, reasentamientos forzosos, y la huida de miskitos a Honduras, donde sus líderes organizaron un grupo rebelde de Misurasata que se desmovilizó en 1989 y paso a la vida civil con el nombre de Yatama.
Desde entonces, Yatama ha participado en todos los procesos electorales solo o en alianza para ganar espacios políticos en la región del Caribe.
Han hecho varias alianzas con el FSLN, pero se han distanciado a raíz de la invasión que enfrentan desde hace más de cinco años de colonos en las riberas del río Coco, en la que argumentan no han tenido apoyo de las autoridades.
NV1/AFP
