Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la emblemática discoteca Jet Set, fueron imputados formalmente por el delito de homicidio involuntario, en el marco de las investigaciones por el catastrófico derrumbe del establecimiento ocurrido en abril de 2025.
La tragedia, registrada en plena Ciudad de Santo Domingo, se cobró la vida de 236 personas y dejó un saldo de 180 heridos durante un concierto masivo del reconocido intérprete de merengue Rubby Pérez, quien también figura entre las víctimas fatales del desplome.
Juez descarta la intencionalidad y dicta medidas cautelares
La resolución penal fue anunciada por el juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El magistrado determinó en su argumentación jurídica que los acusados «no tenían intención de provocar la tragedia».
En consecuencia, el tribunal otorgó a los hermanos Espaillat beneficios procesales bajo las siguientes condiciones de libertad restringida:
Otorgamiento de una garantía económica.
Régimen de presentación periódica ante el juzgado.
Prohibición de salida del país (arraigo judicial).
A la par de estas restricciones de movilidad, el dictamen del juez Mejía ordenó una serie de medidas cautelares de carácter financiero, disponiendo la inmovilización preventiva de los bienes y cuentas bancarias de los imputados por un monto de hasta 500 millones de pesos (aproximadamente 8,3 millones de dólares).
Víctimas eufóricas exigen «dolo eventual»
La decisión de tipificar el suceso como un acto involuntario generó una ola inmediata de rechazo y profunda indignación entre los afectados . Voceros del Movimiento Justicia Jet Set, organización civil conformada por sobrevivientes y familiares de las víctimas del colapso, repudiaron la moción del tribunal.
A juicio del colectivo de víctimas, los hermanos Espaillat poseían pleno conocimiento de las severas condiciones de deterioro estructural y falta de mantenimiento que enfrentaba la edificación comercial. Debido a esta presunta omisión deliberada, el movimiento ciudadano sostiene que el caso no debe ser tratado como un accidente, sino que debe ser calificado formalmente por la fiscalía bajo la figura de homicidio voluntario con dolo eventual.
NAM-Agencias
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