El Gobierno de Venezuela contrató al bufete de abogados Greenberg Traurig para representar al país en la disputa legal contra la minera Crystallex, que también involucra a más de una docena de acreedores que intentan obtener una compensación por expropiaciones.
Según publicó Reuters, la información la dio a conocer el bufete Munger, Tolles & Olson, cuando recibió una carta de la procuradora General de Venezuela, Arianny Seijo.
Asimismo, en la misiva se estableció que los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye lideran actualmente el equipo de Venezuela en el caso.
Esta decisión se da después de que las autoridades estadounidenses reconocieran al Gobierno interino de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El bufete de abogados Munger, Tolles & Olson indicó ante el tribunal norteamericano que la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, «de reconocer a un partido como único jefe de estado de un Gobierno extranjero es concluyente y vinculante para los tribunales».
NAM-Agencias
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