La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley para la protección de la actividad ganadera, instrumento jurídico orientado a la modernización de las unidades de producción pecuaria mediante el uso de tecnologías apropiadas y buenas prácticas ganaderas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, intervino para denunciar las graves falencias que presenta la legislación vigente en la materia, a la cual calificó como un instrumento preconstitucional redactado entre los años 1997 y 1998.
Rodríguez propuso la conformación inmediata de una comisión mixta integrada por las comisiones de Economía y de Política Interior, con el firme propósito de articular mesas técnicas de trabajo junto a la Fiscalía General de la República para estructurar un régimen sancionatorio severo y eficaz dentro del nuevo texto legal.
El planteamiento, realizado al cierre de la intervención del diputado Reyes, busca dotar al Estado venezolano de herramientas jurídicas modernas y disuasivas que castiguen con contundencia el contrabando de extracción y las redes de delincuencia organizada dedicadas al hurto pecuario.
Con la incorporación de la Comisión de Política Interior y el Ministerio Público, el Parlamento nacional apunta a blindar la seguridad jurídica de las unidades de producción y acelerar los procedimientos de control penal, garantizando una respuesta institucional oportuna que erradique los vacíos legales heredados de las normativas de finales de la década de los noventa.
Por otra parte, Rodríguez planteó formalmente que el diseño del informe y el proceso de consulta pública para la segunda discusión no queden delegados de manera exclusiva en la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.
El presidente del Poder Legislativo cuestionó con dureza que el marco normativo actual contemple sanciones pírricas y plazos desproporcionados que favorecen la impunidad en las zonas rurales, detallando de forma específica que la ley vigente otorga hasta 90 días para certificar si un ganado robado pertenece o no al ocupante de un predio, un margen de tiempo que facilita la movilización y pérdida de los semovientes fuera de las fronteras nacionales.
Elevar criterios de eficiencia productiva
Al presentar el proyecto de ley, la parlamentaria Geraldina Parada —quien además es médico veterinario y productora— enfatizó que la norma busca elevar los criterios de eficiencia productiva y reproductiva en los campos venezolanos, prestando especial atención a la diversidad genética del rebaño nacional a través del blindaje de razas locales como el Carora y el Criollo Limonero, considerados reservorios y bancos de germoplasma de alto valor para el trópico.
Agregó que este compendio jurdídico contempla la implementación de sistemas de identificación bioeléctrica y códigos digitales para garantizar la trazabilidad integral del rebaño, reforzando la plataforma del sistema integrado de gestión para la movilización animal y vegetal.
Parada subrayó que este control sanitario exhaustivo es un asunto de salud pública, debido a que aproximadamente el 65% de las enfermedades que afectan a la población humana a nivel mundial son de origen zoonótico.
En este sentido, indicó que el articulado regulará estrictamente las salas de matanza, mataderos y centros de faenamiento para erradicar el sacrificio clandestino, al tiempo que optimizará los trámites administrativos vinculados a la producción, certificación y comercialización de derivados lácteos y cárnicos.
Finalmente, enfatizó que la propuesta legal establece mecanismos de restitución productiva para que los semovientes recuperados en labores de control sean devueltos de inmediato a sus legítimos poseedores bajo la figura de custodia activa, evitando la paralización de los ciclos de ordeño, ceba y reproducción.
La diputada concluyó destacando que la ley fortalece el tejido social rural, asegurando la participación protagónica de los pequeños productores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y el poder popular organizado.
