El Grupo Ricardo Zuloaga, conformado por especialistas en el sector eléctrico, advirtió que el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico no aborda los problemas principales del sector eléctrico venezolano, que mantiene a millones de usuarios con racionamientos de hasta 10 horas diarias.
“El proyecto se enfoca en modificar la estructura de propiedad y los mecanismos de concesión, pero soslaya el diagnóstico de fondo: la subinversión sistemática durante décadas, la obsolescencia de la infraestructura y la dramática pérdida de talento especializado”, se lee en un comunicado de la institución, que agrupa a ingenieros que construyeron y gerenciaron el sistema eléctrico nacional durante décadas.
Agregó que la pobreza energética, entendida como la incapacidad de hogares, instituciones y sectores productivos para acceder a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles, «no se resuelve mediante cambios normativos» sin una correspondiente inyección de capital, recuperación técnica y planes de mantenimiento sustentables en el tiempo.
Insistió en que la discusión sobre una nueva legislación eléctrica no puede limitarse a cómo resolver la emergencia de corto plazo o a incluir algunos actores privados. “La verdadera pregunta es qué arquitectura energética permitirá a Venezuela crear una ventaja competitiva estructural para las próximas tres décadas. La reforma propuesta no responde a esa pregunta”.
Sigue el monopolio
La reforma de la Ley, aprobada en primera discusión el martes 02 de junio, permite la posibilidad de que empresas con 100 por ciento capital privado puedan ser operadores y prestadores del servicio eléctrico a través de concesiones de 25 años, prorrogables por 15 adicionales.
El GRZ advirtió que la nueva norma representa un «alto riesgo» para el inversionista porque las concesiones son con cláusulas de «reversión a costo cero» al término de la misma y con facultad de intervención preventiva por parte del Ministerio de Energía Eléctrica.
“La experiencia comparada demuestra que la inversión privada de largo plazo en infraestructura energética exige seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y reglas claras de recuperación de la inversión, condiciones que este proyecto no garantiza”.
Para el grupo de especialistas, los cambios en la Ley mantiene el modelo de «monopolio estatal» controlado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el cual no luce atractivo para los inversionistas privados.
“Corpoelec es una estructura que, como ha sido documentado por este Grupo, carece de gerencia eficaz y especializada, ha sido militarizada y gestionada con alta discrecionalidad política. La evidencia internacional muestra que los monopolios integrados presentan serias limitaciones para atraer inversión e innovación”, aseguró.
Los especialistas instaron en el documento a los legisladores a considerar una transformación profunda del sector, basada en la creación de un operador independiente; un ente regulador autónomo con facultades técnicas; mercados mayorista y minorista con acceso abierto a las redes del sector; habilitación de nuevos modelos de negocio y participación activa de los usuarios.
NAM/El Pitazo
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