En una contundente rueda de prensa que promete sacudir los cimientos del sistema judicial en la región, el abogado penalista, Juan Pablo Montiel, denunció este viernes la existencia de una profunda crisis y presuntas irregularidades dentro del sistema de justicia penal del estado Zulia, asegurando que las mismas golpean directamente a los ciudadanos más vulnerables.
Desde la sede de Law Consulting de Venezuela en Maracaibo, el jurista no se guardó nada y detalló un patrón reiterado de anomalías que, a su juicio, mantienen colapsado el acceso a la justicia. Entre las denuncias más graves destacan el retardo procesal, inadmisiones sistemáticas, centralización excesiva, diferimientos selectivos y una distribución irregular de causas.
«El principal afectado por todo esto no es quien tiene dinero. El principal afectado es el ciudadano humilde», sentenció firmemente Montiel durante su intervención ante los medios de comunicación.
Justicia: ¿Un privilegio económico?
El especialista denunció que la pobreza se ha convertido, prácticamente, en la antesala de la prisión en la región zuliana. Explicó que los altos costos de las copias certificadas, los excesivos formalismos procesales y las barreras económicas hacen casi imposible que las personas de bajos recursos puedan sostener defensas especializadas o acudir a recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«La persona humilde no tiene cómo pagar miles de folios de copias certificadas ni romper el cerco institucional, mientras otros sectores encuentran mecanismos extraordinarios para retrasar o neutralizar procesos«, fustigó.
«Consultas» paralelas y distribución «a dedo» por fallas eléctricas
Entre los elementos más alarmantes expuestos por el abogado, se encuentran:
Audiencias paralizadas: Denunció que numerosas actuaciones judiciales deben ser previamente «consultadas» con la presidencia del circuito, lo que genera retrasos injustificados a la espera de autorizaciones superiores.
Irregularidades en el COPP: Afirmó que existen casos documentados donde se admiten más defensores de los permitidos por el Código Orgánico Procesal Penal y se permiten actuaciones no previstas en la ley.
Causas direccionadas: Alertó sobre la distribución directa de expedientes y causas judiciales bajo la supuesta justificación de «fallas eléctricas».
Desacato al TSJ: Aseguró que en múltiples oportunidades los tribunales locales no acatan los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del TSJ.
Rumbo a la Asamblea Nacional: Depuración urgente
Montiel anunció de manera categórica que toda la documentación recopilada —que incluye cronologías, actuaciones procesales contradictorias y decisiones judiciales— será consignada formalmente ante la Asamblea Nacional de la República para que se inicien las investigaciones correspondientes.
«El principal afectado por estas dinámicas no es quien cuenta con altas capacidades financieras. El afectado es el ciudadano humilde, quien enfrenta mayores dificultades para sostener defensas especializadas en el tiempo«, aseveró Montiel durante su declaración.
Finalmente, el profesional del derecho hizo un llamado urgente en consonancia con las recientes declaraciones de las altas autoridades del Estado venezolano respecto a la necesidad de combatir a jueces y fiscales corruptos, exigiendo una verdadera depuración institucional que devuelva la confianza pública a la administración de justicia en el país.
NAM – Yailyn Godoy
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