El eco de los disparos dentro del Senado de Filipinas devolvió esta semana a Manila a los años más oscuros de la guerra contra las drogas que lanzó Rodrigo Duterte. En uno de los episodios políticos más explosivos desde la caída del ex presidente, el senador Ronald «Bato» dela Rosa, antiguo jefe de la Policía Nacional y arquitecto operativo de aquella campaña sanguinaria, permanece atrincherado desde el lunes en el edificio legislativo para evitar su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad.
La escena parecía salida de un thriller: agentes intentando acceder al Senado, personal militar desplegado con fusiles de asalto, parlamentarios encerrados en sus despachos y disparos resonando en los pasillos del complejo. Mientras el caos se extendía en el exterior, dela Rosa, de 64 años, convertía el hemiciclo en su último refugio político.
El senador logró esquivar a principios de semana a los agentes que trataban de detenerlo, según mostraron las cámaras de seguridad del edificio, corriendo por escaleras y corredores hasta alcanzar la cámara alta, donde encontró la protección del presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, uno de los aliados más fieles de la familia Duterte. Desde allí lanzó un desafío abierto al Gobierno de Ferdinand Marcos Jr y pidió apoyo a las fuerzas armadas y a los antiguos mandos policiales vinculados a la era Duterte.
«No permitamos que otro filipino sea llevado a La Haya», declaró ante periodistas y simpatizantes congregados frente al Senado. Después entonó el himno de la academia militar filipina y pidió una movilización «pacífica» contra su posible extradición. El mensaje iba dirigido sobre todo a los sectores de seguridad que todavía ven a Duterte y a sus hombres como héroes que «limpiaron» las calles del país.
Pero para las organizaciones de derechos humanos, dela Rosa simboliza justamente lo contrario. Oficialmente, la guerra contra las drogas dejó más de 6.000 muertos. Organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 30.000.
La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres de barrios marginales, supuestos narcotraficantes, asesinados en operaciones policiales o ejecutados por escuadrones parapoliciales. Las imágenes de cadáveres tendidos en callejones de Manila y en otras ciudades del archipiélago, con carteles que decían «narco» colocados sobre el pecho, se convirtieron durante años en la postal cotidiana del país.
Apodado «Bato» -que significa roca en tagalo- por su carácter duro y su imagen de hombre implacable, el protagonista de esta historia fue el director general de la Policía Nacional Filipina entre 2016 y 2018, precisamente en el periodo más brutal de la cacería lanzada por Duterte tras llegar al poder.
La CPI sostiene que aquellas muertes no fueron excesos aislados, sino parte de una política sistemática de asesinatos extrajudiciales diseñada desde el poder. En la orden de arresto difundida esta semana, los fiscales acusan a dela Rosa de «autorizar, tolerar y promover» los crímenes, facilitar armas, garantizar impunidad y recompensar a los ejecutores.
El propio Duterte jamás ocultó el carácter letal de su campaña. Durante años instó públicamente a la policía a «matar» a narcotraficantes y consumidores, prometiendo protección judicial a los agentes. «Mi trabajo es matar», llegó a decir en uno de sus discursos más célebres. Aquella retórica convirtió a Filipinas en uno de los ejemplos más extremos de populismo punitivo en Asia.
«Duterte creó, financió y armó escuadrones de la muerte para asesinar a presuntos traficantes y consumidores de narcóticos entre 2016 y 2022″, sostienen los fiscales del tribunal. La semana pasada, la CPI confirmó que el ex mandatario afrontará juicio por tres cargos de crímenes de lesa humanidad.
NAM/El Mundo
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