El titular del Ministerio Público venezolano sentenció que las acciones del 03 de enero de 2026 convirtieron el Derecho Internacional en «letra muerta». La agresión militar estadounidense, que incluyó aviones de combate, misiles, buques de guerra, drones y bombarderos, violó el espacio aéreo venezolano y dejó un saldo de entre 100 y 120 personas fallecidas, entre civiles y militares.
Tarek William Saab comparó la inacción global ante esta ofensiva con el silencio mundial frente al genocidio perpetrado por Israel en Gaza desde 2023, señalando que ambos casos evidencian el colapso de los mecanismos internacionales de protección. El Fiscal denunció que Washington actuó sin declaración formal de guerra ni aprobación del Congreso estadounidense, violando su propia Constitución.
La operación destrozó un incipiente proceso de diálogo bilateral que había comenzado con una llamada telefónica entre los presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump. Esa conversación, que preveía una reunión bilateral, quedó sepultada bajo la escalada militar.
Carta de la ONU ignorada
Saab citó el artículo 2, numeral cuarto de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe expresamente «la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Esta disposición fundamental fue ignorada por completo durante la operación.
La violación al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica el crimen de agresión, también quedó en evidencia. El Fiscal manifestó su sorpresa ante el silencio de numerosos activistas de derechos humanos que ahora permanecen mudos ante la flagrante transgresión.
El catálogo de normativas vulneradas incluye la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los tratados de la Corte Internacional de Justicia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estos instrumentos, según Saab, carecen de efecto práctico cuando se ejecuta una operación militar contra un país que no está en guerra.
El titular del Ministerio Público subrayó que la igualdad soberana de los Estados y el principio de resolución pacífica de controversias quedaron desvirtuados. La agresión «bombardeó y tiroteo» estos principios, dejándolos como simples declaraciones sin aplicación real.
Inmunidad presidencial demolida: ningún líder está a salvo
El principio de inmunidad presidencial absoluta, emanado de la Corte Internacional de Justicia en un fallo de 2002, establece que un mandatario en funciones no puede ser arrestado, procesado ni secuestrado por una jurisdicción penal ajena a su territorio. Este blindaje jurídico fue demolido en el caso venezolano.
Saab enfatizó que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la soberanía de los pueblos y su derecho inalienable a la libre determinación. Este derecho permite a las naciones determinar su condición política sin injerencias externas.
El Fiscal acusó al «sionismo internacional» de participar en el intento de secuestro del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores. Iniciar una agresión militar y ejecutar el secuestro de un jefe de Estado «cruzan la raya amarilla» de la legalidad, evidenciando el colapso de los principios que deberían regular las relaciones entre naciones.
La vulneración de la inmunidad presidencial establece un precedente peligroso. Si un mandatario constitucionalmente electo puede ser objeto de una operación militar, ningún líder mundial está a salvo de acciones similares por parte de potencias que ignoren el Derecho Internacional.
«Cartel de los Soles»: operación de falsa bandera
El Fiscal desmontó categóricamente la narrativa del llamado «Cartel de los Soles», utilizada como pretexto para justificar la ofensiva. Saab informó que incluso el Departamento de Justicia estadounidense ha dejado de mencionar este supuesto grupo criminal.
Según el titular del Ministerio Público, si alguna vez existió tal organización, fue entre 1990 y 1993, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, y constituyó una creación de la CIA y la DEA. Como evidencia, Saab citó las declaraciones de Goudreau, propietario de la empresa mercenaria Silvercorp, quien afirmó que el cartel «fue una creación de la CIA y la DEA para traficar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos y el mundo entero».
Esta afirmación contrasta con el historial venezolano en la lucha contra el narcotráfico desde la llegada al poder del gobierno de Hugo Chávez. Los decomisos de toneladas de drogas han sido reconocidos por organismos especializados de la ONU.
Saab desmintió que Venezuela sea una ruta principal para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. El 95 por ciento de la droga que llega a estos destinos sale de la costa del Pacífico: Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina, Perú y Colombia. Venezuela tiene «absolutamente nada» que ver con estas rutas.
El Fiscal demandó la presentación de pruebas concretas: audios, videos, extracciones telefónicas, testimonios, confesiones y detenciones. Al no existir estas evidencias, Saab concluyó que se trata de una «operación de falsa bandera» diseñada para justificar la agresión.
Irak, Libia y Panamá: el cóctel de una nueva invasión
La operación contra Venezuela combina elementos de tres intervenciones militares estadounidenses previas, superando en metodología lo visto en Irak, Libia y Panamá. Al igual que en los casos iraquí y libio, el motivo principal es el apoderamiento de recursos petroleros.
El pueblo venezolano ha demostrado «dignidad, serenidad, estoicismo» al no caer en provocaciones que pudieran justificar una ocupación militar prolongada. Saab recordó que las tropas estadounidenses invadieron Irak en 1991 y nuevamente en 2003, permaneciendo durante décadas. Han pasado 35 años desde la primera intervención y todavía hay tropas «supuestamente saliendo» de ese país.
El paralelismo con Panamá se encuentra en el intento de secuestro de un líder. La invasión a ese país centroamericano resultó en la muerte de más de 2000 personas y culminó con el secuestro de Manuel Antonio Noriega. Sin embargo, Saab subrayó una diferencia fundamental: Noriega no era un presidente electo democráticamente ni estaba en funciones constitucionales, además de haber sido agente de la CIA.
El Fiscal hizo un llamado a la comunidad internacional no solo a dialogar, sino a «imponer» acciones concretas que respalden la diplomacia de paz liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
NAM/Vía Telesur
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