Mineápolis se convirtió en el epicentro de una rebelión civil contra las políticas migratorias de la administración Trump.
Por segundo día consecutivo, la ciudad marchó bajo una lluvia gélida para denunciar el asesinato de Renee Good, una estadounidense de 37 años que murió el pasado miércoles tras recibir disparos a quemarropa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada.
Mientras la comunidad exige que el agente Jonathan Ross sea procesado por homicidio, el vicepresidente JD Vance encendió los ánimos al declarar que el funcionario goza de «inmunidad absoluta».
Esta postura ratifica la línea dura de Washington, que sostiene que el agente actuó en defensa propia ante un intento de atropello, versión que los testigos en el sitio desmienten categóricamente.
«Largo de Mineápolis»
La protesta, que bloqueó las arterias principales del centro, unió a vecinos de diversas procedencias (desde comunidades somalíes hasta mexicanas) bajo una consigna única: la expulsión inmediata de las fuerzas federales.
Los manifestantes denuncian un estado de sitio de facto donde familias enteras temen salir de sus casas incluso para buscar alimentos.
«Nuestros vecinos no son una amenaza», clamaban los asistentes, mientras banderas estadounidenses invertidas, señal tradicional de socorro y peligro extremo, ondeaban entre pancartas que calificaban al presidente Trump de «asesino» por desplegar tropas federales en ciudades que han rechazado explícitamente su presencia.
La indignación en Mineápolis se vio alimentada por reportes de incidentes similares en Portland, Oregón, donde otros dos civiles habrían resultado heridos por disparos de agentes del ICE en circunstancias aún por aclarar.
Este patrón de violencia sugiere una operatividad federal sin supervisión local, lo que el alcalde de Mineápolis ha calificado como una intrusión inaceptable en la seguridad de su ciudad.
A pesar de la alta tensión y la retórica incendiaria, la marcha concluyó sin enfrentamientos directos, en gran medida porque los agentes federales evitaron dejarse ver durante el recorrido.
Sin embargo, el vacío dejado por la muerte de Good y la promesa de impunidad de la Casa Blanca aseguran que Mineápolis seguirá siendo un campo de batalla político y social en los próximos días.
NAM/Agencias
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