Unas 100 personas han sido deportadas desde Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención migratoria instalado por el gobierno de Ron DeSantis en plena reserva natural de los Everglades. La instalación, construida en apenas ocho días con carpas y tráilers sobre una pista abandonada, ha sido objeto de crecientes denuncias por violaciones a derechos humanos, condiciones deplorables y procesos legales dudosos.
El gobernador de Florida anunció que ya se han iniciado “dos o tres vuelos” con migrantes hacia países no especificados y espera que estos aumenten en los próximos días para continuar con las expulsiones. DeSantis ha defendido la medida como parte de su política de mano dura contra la inmigración irregular y recibió el respaldo directo del expresidente Donald Trump, quien inauguró las instalaciones el pasado 2 de julio.
No obstante, los testimonios desde dentro del centro han levantado alarmas. Migrantes relatan que son presionados a firmar su propia deportación sin haber accedido a un proceso legal adecuado. “La única opción que están dando es deportación. No dejan hablar con abogados, no dejan hacer llamadas. No quieren decir nada”, denunció a EL PAÍS un venezolano detenido, quien asegura tener un proceso migratorio en curso y estar casado con una ciudadana estadounidense.
A estas declaraciones se suman denuncias sobre las condiciones de reclusión: alimentación insuficiente, restricciones para el aseo personal, falta de atención médica oportuna y aislamiento de familiares y abogados. Un recluso cubano relató que la comida consiste en galletas de sal, sándwiches y ocasionalmente una manzana. Aseguró que el domingo un compañero colapsó tras comer apresuradamente y no se supo más de él. «No hay paramédicos. Si te demoras comiendo, te quitan el plato», denunció.
La situación legal del centro también ha entrado en el terreno del limbo. Una demanda interpuesta por organizaciones como la ACLU y Americans for Immigration Court advierte que los detenidos no tienen acceso a la justicia, y que el tribunal de inmigración en Miami no tiene jurisdicción sobre lo que ocurre en el centro. El juez federal Rodolfo A. Ruiz II solicitó más información para esclarecer quiénes son los responsables operativos del lugar, al que ni siquiera el condado de Miami-Dade, propietario del terreno, tiene acceso regular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se desligó de la gestión del centro, afirmando que no está bajo control del ICE sino de la División de Manejo de Emergencias de Florida, con apoyo de la Guardia Nacional a través del programa 287(g).
En paralelo, la cancillería mexicana confirmó la deportación de dos hermanos mexicanos detenidos por un incidente de tránsito en Orlando. Según sus familiares, nunca tuvieron acceso a abogados ni al consulado antes de ser expulsados.
La próxima audiencia del caso fue fijada para el 18 de agosto. Mientras tanto, cientos de migrantes permanecen en Alligator Alcatraz sin claridad legal sobre su estatus, bajo presiones para aceptar su deportación, y en condiciones que, según organizaciones civiles, violan la Constitución de los Estados Unidos.
NAM/El País
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